PLAZA PÚBLICA / Disfunción Pública

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Hace medio siglo, cuando el Senado de la República era una casa de reposo de políticos en retiro, Vicente Lombardo Toledano se preguntaba qué hacer con esa Cámara: ¿la cerramos, la vendemos, la rifamos? Una interrogación semejante cabría hacer respecto de la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el agravante de que cuando se pretendió poner fin a sus días, los legisladores rehusaron hacerlo. Y allí está, viendo pasar el tiempo. Sólo eso.

El miércoles pasado la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó de la PGR y de la SFP lo que ahora vemos como misión imposible en relación con las cuentas del ISSSTE, el órgano de pensiones y seguridad social del extenso personal burocrático federal. El Poder Legislativo pidió a esas dependencias del Ejecutivo que "instrumenten de inmediato las acciones necesarias a fin de salvaguardar los recursos públicos que fueron destinados a dicho organismo descentralizado y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar y sancionar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar".

Se ignora si la SFP acusó recibo del pedido del Congreso, que generalmente son inocuos (llamadas a misa, se les considera, porque las atiende quien quiere) y si respondió, no sabemos en qué términos. Pero ayer, como de paso, el titular de esa Secretaría, Salvador Vega Casillas, arrojó un balde de agua fría sobre las pretensiones de información de los legisladores. Dijo que no practica auditorías y análisis a pedido, y menos aun sobre la gestión de nadie en particular. Mañana sabremos si lo mismo respondió a la Permanente. El resultado neto es que Miguel Ángel Yunes y Jesús Villalobos, a quienes Elba Esther Gordillo tiene en la mira por presuntos malos manejos en esa institución, pueden ya respirar tranquilos si es que el resuello se les había alterado. Nadie indagará entre los pliegues de la administración y las finanzas del ISSSTE, y por lo tanto a nadie se fincarán responsabilidades.

La SFP suele generar así el punto anticlimático de situaciones que escandalizan a la opinión pública. Ése ha sido el triste destino de sus tareas. Si bien desde el Virreinato la Corona instauró un mecanismo de visitas a los administradores locales para medir su probidad, la tendencia patrimonialista de los gobernantes mexicanos no ha podido ser jamás contenida. En los primeros tiempos de "la revolución hecha gobierno" se creó una Contraloría General de la República, de corta vida, y luego la peregrina...

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