Plaza Pública / Echeverría ante el mundo

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

El presidente Echeverría padeció una inclinación maniática por el protagonismo mundial. Viajó a los cuatro extremos del orbe promoviendo la Carta de los derechos y deberes de los estados, cuyo trasfondo era su pretensión de obtener el Premio Nobel de la paz, y ser secretario general de la ONU. Tres décadas después, su nombre resonará fuera de nuestras fronteras, aunque no en el sentido que él persiguió, sino en el opuesto, ya que figurará en un expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien se busca abrir un caso contra el Estado mexicano, la causa de ese recurso es la impunidad con que órganos judiciales de nuestro país beneficiaron al ex titular del Ejecutivo.

El martes pasado la Comisión recibió en Washington la petición respectiva y abrió la etapa de examen previo. En las próximas semanas responderá si admite o no el recurso, presentado por deudos de víctimas de genocidio, una de cuyas fases se completó el 10 de junio de 1971. Agotados los recursos en el derecho nacional y siendo patentes las violaciones a los derechos humanos infligidas por el Estado mexicano en aquel entonces y en el reciente intento por juzgar aquel delito, es el caso de acudir a las instancias internacionales. Sus impulsores lo consideran, atinadamente, "un paso más en la lucha contra la impunidad".

En junio de 2002 fueron denunciados ante la Fiscalía que investiga los delitos cometidos durante la guerra sucia los sucesos que privaron de la vida a muchas personas el Jueves de Corpus, y que resultaron de una política represiva evidente desde muchos años atrás y que entonces inició su recrudecimiento. Si transcurrieron años antes de que se produjera la denuncia no fue por falta de conciencia de los deudos y compañeros de las víctimas, sino al contrario porque tuvieron claro siempre que el sistema político de partido dominante casi único evitaría a como diera lugar la investigación sobre la matanza de aquel 10 de junio y el castigo de los responsables. Así lo había evidenciado la farsa de averiguación previa que se inició en aquella época y que pronto se agotó sin llegar a ninguna parte. Fue también viable la denuncia en 2002 porque dos años atrás los ciudadanos habían votado por la alternancia y el presidente Fox, elegido en esa coyuntura, había dispuesto la creación de una oficina especial del Ministerio Público para investigar los delitos cometidos por funcionarios que violaron sistemáticamente derechos humanos, sobre todo el derecho a la...

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