PLAZA PÚBLICA / Edomex: funcionarios activistas

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

En reunión de gabinete celebrada el martes 19 de octubre pasado, el gobierno del Estado de México se transformó en maquinaria electoral. Cada colaborador de primer nivel del gobernador Enrique Peña Nieto fue designado responsable del activismo electoral en los 45 distritos electorales de la entidad. Hasta ese día, para efectos de la tarea gubernamental propiamente dicho, la entidad se hallaba dividida en 16 regiones, cada una de las cuales había sido confiada a un secretario de cada ramo administrativo.

Por ejemplo, en esta inicial división del trabajo, al secretario de Trabajo, Fernando Maldonado, se le había asignado la cuarta región, con sede en Cuautitlán Izcalli. Pero a partir de octubre, con vistas al proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo, se trasladó a ese funcionario a extremo opuesto del estado. Se le adscribió a tres distritos, los número 27, con cabecera en Chalco y 28 con cabecera en Amecameca, amén del distrito 16, con cabecera en Atizapán de Zaragoza. Maldonado, por su parte, se hizo apoyar por sus colaboradores, los subsecretarios y los responsables de órganos pertenecientes al sector laboral, como el tribunal de conciliación y arbitraje (que se ocupa de los conflictos de trabajo del personal público) y la junta local de conciliación y arbitraje, dedicada a la justicia laboral general.

Al presidente de este último organismo, José Bernardo García Cisneros, le corresponde controlar, entre otros municipios, el muy poblado Valle de Chalco (que próximamente mudará su nombre por el de Valle de Xico). Ha de haber tomado con mucho interés esta comisión, pues tiene experiencia en materia electoral, a diferencia de lo que le ocurre en su encomienda permanente, pues no sabe mucho de derecho del trabajo. Fue secretario técnico de la Comisión Estatal Electoral, y cuando ésta se transformó en Instituto Electoral del Estado de México, le tocó ser secretario administrativo y después consejero electoral.

No completó el periodo para el que había sido electo, porque entre bromas y veras, el presidente de ese instituto, José Juan Gómez Urbina, lo acusó (junto con otro consejero) de haber solicitado o recibido soborno de la empresa Cartonera Plástica a fin de influir para que le asignara el pedido de urnas y mamparas para la elección de 2005, en que Peña Nieto alcanzó la gubernatura. Fue obligado a renunciar a causa de esa denuncia. García Cisneros presidía la comisión de adquisiciones y licitación y la que se adjudicó a la empresa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR