Plaza Pública / Esta es una república
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Los plebeyos que osaron hollar con su sucia planta los predios de la primera familia de la nación deben ser castigados de modo ejemplar, no sea que cunda su modo de reclamar sus derechos. Ese parece ser el criterio que rige la apertura de una averiguación previa, en la Procuraduría General de la República, que nada tiene que hacer en ese episodio.
La actual administración de la PGR demoró años en tomar a su cargo algunos de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Le preocupaba hondamente no excederse en sus funciones, no interferir en las que son propias de la procuración local de justicia. Sobraban evidencias de que el Ministerio Público en Chihuahua adolecía como adolece hoy de graves deficiencias e insuficiencias. Y sin embargo la PGR se resistió hasta lo último para responsabilizarse de un reducido número de casos -14 en un universo de centenares-, y luego para encargar su trámite a una fiscalía especial.
Y sin embargo, con extrema y contrastante celeridad se ha entrometido en el allanamiento de morada en que presumiblemente incurrieron los dirigentes del movimiento de ex braceros que, sin derecho pero con razón, quisieron forzar una entrevista con el presidente Fox a quien erróneamente suponían descansando en la casa donde entraron. No hay ningún fundamento, salvo que ya no vivamos en una república sino en un régimen monárquico, dinástico, para que el Ministerio Público federal inicie averiguaciones, y menos por los delitos anunciados.
Ni las personas ni los bienes presumiblemente ofendidos el sábado pasado son de derecho público. Lo serían si se tratara de una familia real, en que la condición jurídica del monarca se extiende a sus ascendientes y descendientes, a sus colaterales y aun a sus parientes por afinidad. Pero, al parecer, la fractura del principio de unicidad presidencial (el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona) ha llevado a considerar no sólo que la titularidad de ese poder es dual, es decir corresponde a la pareja presidencial, sino que sus efectos se extienden hasta la señora madre y la hermana del presidente de la República.
El responsable de la seguridad de la casa de la familia Fox acudió a la agencia del Ministerio Público federal a denunciar los hechos, y allí la propia delegada de la PGR en el estado de Guanajuato, Lucía Graciano, dispuso abrir la averiguación previa 18/2004. Como todas, esa averiguación se inició por los delitos que resulten, pero en la propia delegación guanajuatense se anunció que...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba