Plaza Pública / La liebre oculta
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
"AL MEJOR CAZADOR SE LE VA LA LIEBRE", ME DIJO el procurador Bernardo Bátiz en un breve mensaje el 20 de mayo. Ese mismo día en este mismo lugar había yo reprochado a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal su demora en manifestarse ante una denuncia contra Carolina Pavón y Alejandro Junco de la Vega, reportera y director de Reforma, en contraste con la celeridad mostrada en dos casos recientes, en que los denunciados fueron Ciro Gómez Leyva y Raúl Trejo Delarbre. Bátiz me dijo que aquella denuncia "concluyó el 24 de octubre de 2001, cuando se acordó el no ejercicio de la acción penal; se notificó a la querellante el 25 y se archivó el asunto el 17 de diciembre del mismo año".
Los denunciados no lo sabían. Como es natural, al preparar la columna del martes pasado consulté en los ámbitos editorial y jurídico de Reforma sobre el estado de la cuestión, iniciada el 16 de abril de aquel año con una denuncia de Rosario Robles. La ex jefa de Gobierno consideró que hubo dolo al presentar un informe de la Contraloría con una luz que se sintetizó en el encabezado "Detectan a Robles irregularidades". Concluí con la información obtenida que el asunto no había tenido el menor movimiento, tras 25 meses de iniciado el caso ante el Ministerio Público. Y así lo dije. Mas ocurre que la querella había concluido, al desecharse la denuncia y acordarse el no ejercicio de la acción penal, como yo había sugerido que tenía que concluir. Y nadie en Reforma lo sabía, comenzando por los afectados, que han creído todo el tiempo tener sobre sí la amenaza de una averiguación previa y eventualmente de un proceso por difamación.
Es discutible que la autoridad no tenga que informar a los denunciados su decisión sobre la denuncia. El silencio de la Procuraduría se basó en un texto legal (el artículo 80 del código de procedimientos penales) que ordena notificar las resoluciones a "la víctima u ofendido" y al "procesado", que en este caso no existe porque el caso se hallaba apenas en la fase previa al proceso. No tuvo en cuenta la Procuraduría la naturaleza del asunto, la trascendencia pública que había tenido la denuncia, para dar a conocer a los denunciados la conclusión de la querella.
Hubiera debido proceder como actuó, justificadamente, en el caso de Gómez Leyva. En menos de un mes, no sólo resolvió su caso, sino que lo hizo del conocimiento público a través del comunicado de prensa CS2003-131 fechado el 29 de enero de este año. Lo transcribo completo no sólo por...
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