Plaza Pública / Minas de muerte, dinero y conflicto
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Dos mil millones de pesos importa el dividendo que será pagado a los accionistas de Grupo Minero México Internacional, que es parte del consorcio encabezado por Germán Larrea. Un aviso fechado anteayer, 12 de mayo, da cuenta de ese jugoso resultado en el grupo al que pertenece Industrial Minera México (IMM). El jueves 11, esta empresa notificó a la Bolsa de Valores de México el cierre de su mina San Martín, situada en Sombrerete, que contribuye con 12 millones de pesos al flujo operativo y con 6 millones a la utilidad de IMM, propietaria también de la mina número ocho de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, donde están sepultadas desde hace tres meses (que se cumplen el próximo viernes) 65 personas, y en la que una más murió hace un mes, aunque sólo se conociera su suerte esta semana.
En medio de esos extremos -la vitalidad financiera de la explotación minera y la muerte de quienes la hacen posible- permanece latente el riesgo de nueva violencia a causa del conflicto sindical provocado por la Secretaría del Trabajo cuyo titular, Francisco Javier Salazar, dio origen a graves problemas a partir de la ilegalidad y pretende ahora acudir a la ilegalidad para ponerle fin. El jueves propuso "una salida realmente democrática a este conflicto. Que se organice una elección entre los mineros, con un padrón confiable... (formado) con los inscritos en el Seguro Social, ... en... las nóminas de las empresas". Sugirió que si hubiera duda sobre su secretaría, "la elección podría ser organizada por una institución confiable". Y propuso que el voto fuera "secreto, directo y universal" (Reforma, 12 de mayo).
Si esa fórmula se aplicara a otros sindicatos -el petrolero, por ejemplo, donde la han demandado por décadas los disidentes- el panorama laboral en nuestro país se modificaría radicalmente. Pero el secretario Salazar sólo se refiere al gremio minero, en torno del cual ahora priva un pasmo institucional peligroso, y donde urge una solución al diferendo interno auspiciado por el funcionario cuando el 17 de febrero, hace tres largos meses, tomó nota de que Napoleón Gómez Urrutia había sido depuesto y colocado en su lugar Elías Morales.
Aunque es preciso valorar su importancia política -como lo hizo de inmediato el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani- como el reconocimiento a la necesidad de no prolongar más el conflicto, es imposible no advertir que de ese modo Salazar mismo se aligeraría la carga de haberse entrometido, con funestas...
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