PLAZA PÃBLICA / Antiguallas autoritarias
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Dos muchachos que el viernes pasado acudieron a Palacio Nacional a recibir el premio a la juventud fueron retenidos unos 90 minutos por el Estado Mayor Presidencial porque profirieron gritos que alguien en ese cuerpo juzgó ofensivos al presidente Calderón. La detención obedeció a un impulso autoritario, a una decisión impensada, a un acto disciplinario instintivo. Luego ya se vio qué bases jurídicas podía tener. Y se encontró justificación para el breve secuestro de los estudiantes en legislación vetusta que hubiera sido inaplicable de abrirse un procedimiento legal.
Andrés Leonardo Gómez Emilsson gritó "espurio" a Calderón mientras éste decía su discurso en la ceremonia organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Marco Virgilio Jiménez, a su vez, preguntó en voz alta, en tono increpante a cuál libertad se refería el orador, implicando que no la hay. Como si buscaran confirmar que era Jiménez y no Calderón quien estaba en lo justo, es decir, como si no hubiera libertad para interrumpir un discurso presidencial, como si el Ejecutivo fuera un monarca al que no cabe contrariar y ni siquiera interrumpir, sus guardias militares redujeron a los vociferantes, los recluyeron en un despacho del Palacio Nacional y luego los entregaron a la policía que los condujo a una agencia del Ministerio Público. Se les envió allí, oficialmente, "por la probable realización de conductas que son sancionadas penal o administrativamente por la legislación vigente".
Aunque en buena hora la prudencia se impuso y la Presidencia anunció formalmente que no presentaría cargos contra los estudiantes premiados y gritones, el Estado Mayor había hallado argumentos jurídicos para envolver el gesto disciplinario por el que atrapó a los estudiantes que expresaron en voz alta su modo de pensar. Quizá se pueda atribuirles una falta de educación, una infracción a las buenas maneras, pero naturalmente la sustancia del acto que causó su detención está lejos de constituir un delito, como hubiera esgrimido la casa presidencial de empecinarse en castigar lo que, en el peor de los casos no fue más que un improperio, surgido del clima de polarización en que vive la República desde que Vicente Fox hizo desaforar sin razón a Andrés Manuel López Obrador.
El Estado Mayor dijo que la conducta de los muchachos era punible conforme a la Ley de Imprenta y el Código Penal, y digna de sanción administrativa de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Es notable el tufo a...
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