PLAZA PÚBLICA / Delitos contra periodistas

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

El asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón, ocurrido hace una semana en Ciudad Juárez, ha puesto a discusión una vez más la peligrosidad del oficio periodístico en México, y el modo legal de encararla. Movido por la indignación ante el cadáver de un colega ultimado a balazos, Roberto Piñón, dirigente de periodistas, en Chihuahua demandó la renuncia del fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas y aun la supresión de esa dependencia de la Procuraduría General de la República. En sentido contrario, el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, esbozó la posibilidad de elevar de rango esa oficina para convertirla en Subprocuraduría y de ese modo fortalecerla.

Ninguna de esas posiciones, lamentablemente, sería una respuesta adecuada al riesgo en el que realiza sus tareas buena parte del gremio periodístico, especialmente en la frontera norte de nuestro país. La especialización del Ministerio Público es insuficiente para encarar el problema principal de la procuración de justicia, que es su ineptitud y su resultante, la impunidad. Si la mayor parte de los delitos en general queda sin castigo no hay razón para esperar que haya eficacia en la persecución de los que se perpetran contra informadores.

Conforme cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2005 y 2008 han sido asesinados 25 periodistas y ocho más han desaparecido. Después de conocido ese informe fueron asesinados dos reporteros más, Alejandro Fonseca en Villahermosa el 24 de septiembre y Rodríguez Carreón el 13 de noviembre.

Ante el creciente número de delitos de ese género, que incluye atentados contra instalaciones periodísticas (como ocurrió apenas la semana pasada en Culiacán, en que fue atacado con granadas de fragmentación el periódico El Debate), la PGR estableció en febrero de 2006 la fiscalía especial mencionada. Atinadamente invocó para hacerlo el principio número 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada".

Inmediatamente fue designado...

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