PLAZA PÃBLICA / Contra el secuestro y todo lo demás
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Ante la tragedia del 20 de junio, en que 12 personas murieron en un antro de, literalmente, mala muerte, el presidente Calderón actuó con prudencia y cordialidad institucional. En uso de sus facultades constitucionales, sin regateos nombró al secretario de Seguridad Pública y aprobó la designación del procurador de Justicia que propuso el jefe de Gobierno del Distrito Federal. En cambio, ante el secuestro y asesinato del jovencito Fernando Martí (suceso en que también fue ultimado su chofer Jorge Palma, a cuya familia nadie expresa condolencias, en una muestra de inequitativa distribución del pesar público) Calderón se dejó ganar por el despecho político y por el oportunismo.
Primero, sin que viniera al caso, pues andaba de gira en Guerrero el martes 5, Calderón aludió molesto a la consulta sobre la reforma petrolera organizada por el gobierno del Distrito Federal y realizada el 27 de julio, y la vinculó con los ciertamente malos resultados de la administración capitalina en torno a la seguridad de las personas. Propuso dedicar "nuestra actividad pública y los recursos de la gente no a actividades políticas que dividen a los mexicanos, sino a problemas que realmente afectan a la gente, como es el caso de la seguridad pública.
"Si estuviéramos más unidos el gobierno federal y las autoridades estatales, en este caso del Distrito Federal, seguramente hubiéramos avanzado más en el camino de mejorar la calidad de la policía, así que hago un llamado a las autoridades del DF para que dejemos de lado de una vez las diferencias políticas sin claudicar en principios y convicciones y nos pongamos juntos a resolver problemas que sólo juntos podremos resolver, como es el caso de la inseguridad pública, particularmente en la Ciudad de México".
Calderón erró varias veces en unas cuantas líneas. Expresó un credo autoritario al suponer que los opositores "dividen a la sociedad". Eso es propio de un régimen de pensamiento único, en que disentir equivale a delinquir, a impulsar la disolución social. Aun si fuera verdad que las acciones políticas de los impugnadores de la reforma energética hienden a la sociedad, habría que preguntarse si el acto divisionista inicial no consiste en la presentación misma de las iniciativas presidenciales, que necesariamente suscitarían reacciones en contra, dada la naturaleza histórica, política y económica de Pemex y la industria petrolera.
Se equivocó también Calderón al invocar falta de coordinación entre el gobierno federal...
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