PLAZA PÃBLICA / Blindar al Ejército
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Está corriendo el término de 15 días hábiles para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República acepten (total o parcialmente) o rechacen la recomendación que les dirigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza. La CNDH sostiene, al cabo de una investigación propia, que fueron soldados quienes dispararon contra las víctimas y sus familiares y no, como dijo el procurador de justicia militar, que perdieron la vida en un enfrentamiento. El ombudsman, que dio a conocer la recomendación el 16 de junio, añade que militares alteraron la escena de los acontecimientos para hacer creíble su versión.
A la difusión pública de la recomendación siguió una conducta inusual de las autoridades. Lo normal es que los órganos a quienes se dirigen esos documentos de la CNDH no se manifiesten en torno de los mismos sino en el momento de aceptar o rechazar las recomendaciones. En esta ocasión, sin embargo, el gobierno federal se apresuró a descalificar la indagación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El secretario de Gobernación, reducido o elevado, ya no se sabe qué, a la condición de vocero de las Fuerzas Armadas en cuanto apuro generan, dijo dos días después de emitido el documento que la indagación que le dio pie no fue exhaustiva, y que la comisión no incluyó en la suya elementos que constan en otras investigaciones. Se refirió así a la averiguación previa que el Ministerio Público militar está realizando y que en efecto no está disponible ni siquiera para la CNDH.
Enseguida, de manera extraoficial, "fuentes militares" no identificadas examinaron la recomendación y en vez de responderla formalmente pretendieron también denigrarla, pretendiendo que no resultó de una investigación rigurosa y que contiene contradicciones. Se trata de evitar que queden en cuestión las afirmaciones en torno del delicado asunto que expresó el procurador militar, general José Luis García, el 30 de abril, casi un mes después de ocurridos los hechos en que, según la versión del matrimonio de Martín y Cinthia Almanza Salazar, sus hijos fueron asesinados por militares que dispararon sin causa contra el vehículo en que 14 personas viajaban hacia la playa de Matamoros, Tamaulipas. Es la misma actitud que el Ejército y el resto del gobierno federal han asumido en torno de la muerte de los estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, donde se pretendió fingir que las...
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