PLAZA PÚBLICA / Severidad ante el cinco de junio

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Durante casi un año, padres de los niños asesinados en la Guardería ABC de Hermosillo aguardaron un encuentro con el presidente Calderón, ya fuera en la capital de Sonora, ya en Los Pinos. Apenas anteayer ocurrió el encuentro, preparado precipitadamente para que no se cumpliera el aniversario sin que Calderón ofreciera directamente su pésame a los deudos y sin que anunciara acciones relativas a los sobrevivientes, cuyos padres fueron también convocados a fin de que la asistencia no fuese tan rala como se previó en la casa presidencial.

En buena hora, en cambio, y aunque no estuviera sujeta a plazo, la Suprema Corte de Justicia comprendió la necesidad social de informar de su participación en el caso, solicitada por los propios padres de familia hace un año. No se ha llegado todavía al fin del procedimiento constitucional, pero con base en el informe preliminar preparado por una comisión investigadora, el ministro Arturo Zaldívar, quien cumple apenas su primer semestre como integrante del máximo tribunal, presentó el proyecto de dictamen que someterá a discusión de sus compañeros. A ese efecto, el pleno y las salas suspenderán sus sesiones públicas de la semana próxima, a fin de que sus miembros se entreguen al estudio del proyecto, que consta de 370 páginas y está disponible en el portal de la Corte. El lunes 14 se iniciará el debate y la votación.

El 1o. de marzo pasado los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla presentaron el informe preliminar que les había encargado la Corte. Las autoridades involucradas contaron con 15 días para realizar las "manifestaciones" que consideraran pertinentes y presentar "la documentación que les sirva de sustento". El proyecto de dictamen, además de considerar "suficiente" el informe preliminar, incluye la estimación de esa respuesta de los involucrados. Es decir, contaron con el derecho de audiencia.

Zaldívar concluye, entre otros muy relevantes temas, que habiendo violación grave a las garantías individuales (los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad), son responsables de ella el director del IMSS, Daniel Karam, su antecesor, hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex alcalde de Hermosillo Ernesto Gándara. "El cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico...

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