Plaza Pública / Pederastas

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

La vieja dolencia que aqueja a la sociedad mexicana, causada por la dificultad de obtener justicia pronta y expedita, se acentúa cuando ocurre que en la persecución de uno de los más abominables delitos de nuestro tiempo, que es el envilecimiento de menores con la mezcla de sexo y dinero, hay tribunales que lo protegen en vez de contribuir a sancionarlo y por ende a extirparlo. Están en curso dos casos paradigmáticos de perversión judicial que agravian a los directamente involucrados y a la gente en general.

En su etapa actual, ambos episodios se iniciaron casi de modo simultáneo. El 16 de diciembre hasta Cancún llegaron agentes judiciales de Puebla que de hecho secuestraron a Lydia Cacho, una periodista autora de un libro, Los demonios del edén, donde se revela cómo se vinculan el poder y la pornografía. El eje de la investigación contenida en esa obra es el expediente judicial abierto contra Jean Succar Kuri, un empresario hotelero acusado en aquel balneario de Quintana Roo por diversos modos de abuso de menores. Los testimonios de las niñas agraviadas, expuestos en el sumario o en entrevistas con la autora, condujeron a identificar el entorno de Succar Kuri y la red delincuencial de que forma parte. Succar Kuri escapó de Cancún pero fue detenido en Arizona, donde aguarda que se resuelva su extradición. En el momento procesal preciso, meses después de que el libro de Lydia Cacho está en circulación fue enderezada en su contra una denuncia por difamación y calumnias.

La presentó en Puebla el industrial Kamel Nacif, que protegió el ingreso a México de Succar Kuri y forma parte del círculo de amigos y cómplices identificados por las víctimas, y así lo presenta Los demonios del edén. Amigo personal del gobernador Mario Marín, probablemente uno de los financieros de su campaña, Nacif consiguió justicia a domicilio. De ser otro el denunciante, se hubiera solicitado mediante exhorto la detención de la indiciada. Pero con Nacif se tuvo la deferencia de organizar una expedición punitiva que trasladara a la periodista a la capital poblana, desde el Caribe. Se la capturó como si fuera una delincuente peligrosa, y el 23 de diciembre se le declaró formalmente presa, por los delitos de difamación y calumnias. Ayer martes la sala penal del tribunal superior poblano eximió a la periodista del segundo delito. Se le procesa ahora por el de difamación, pues Nacif afirma estar empeñado en la defensa de su honor, como si no se le alcanzara que la difusión del...

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