Plaza Pública/ Responde la justicia juzgada
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Dos meses después de conocido el informe de un relator de la ONU sobre la justicia en México, que la puso en cuestión severamente, el Poder Judicial de la Federación decidió ofrecer una contundente respuesta que no deja hueso sano al reporte del señor Dato' Param Cumaraswamy. Aunque el documento (un cuaderno de 211 páginas editado por la Suprema Corte) concluye rindiendo homenaje a las buenas maneras internacionales, a lo largo de su texto refuta radicalmente (a veces con la misma generalidad que reprocha al funcionario internacional) el contenido del informe presentado en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra el 8 de abril pasado.
Para edulcorar su respuesta, en su consideración final el Poder Judicial de la Federación deja "constancia del esfuerzo que realizó el Relator especial para la independencia de los jueces y abogados" en la elaboración de su informe, no obstante que en páginas anteriores señala abundantes muestras de análisis superficial y repara en la brevedad de la visita del funcionario, que sólo permaneció en México 10 días, del 13 al 23 de mayo del año pasado.
Igualmente, y con el notorio propósito de que no se le encuentre reacio a la crítica, los autores del documento judicial mexicano reconocen que algunas de sus observaciones "ponen énfasis en aspectos que nosotros habíamos apreciado de manera distinta o sobre los cuales no habíamos puesto la suficiente atención", por lo cual serán "punto de partida para que el Poder Judicial de la Federación profundice en el análisis de estas cuestiones". Sin embargo, el tono general de la respuesta es de descalificación del informe del relator debido, se dice en la propia consideración final, a sus "imprecisiones, falta de congruencia y carencia de una correcta metodología". Sólo encontré dos coincidencias expresas con el relator: la relativa a la necesidad de un porcentaje fijo del presupuesto federal para la administración de justicia y la pertinencia de un código deontológico, recomendado por el informe.
Aunque a veces se refiere a temas formalmente ajenos al funcionamiento de la judicatura federal (como actuaciones de la PGR, o el sistema de formación de los abogados), la respuesta se constriñe a las apreciaciones del relator sobre ese Poder, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal electoral, los tribunales de circuito (colegiados y unitarios) y los juzgados de distrito. También se refiere a la actividad del Instituto de Defensoría Pública, dependiente del mismo Poder.
La respuesta afirma que el relator deformó y excedió su encargo. Debió haber analizado, como el propio nombre de su puesto lo indica, el grado de independencia de los magistrados y jueces. Pero en vez de concluir de su investigación cómo apoyar esa independencia, "según el mandato de la ONU, en realidad lo que hizo fue denostarla". Y...
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