Plaza Pública / Sosa fatigosa - 10 de Noviembre de 2006 - Reforma - México DF - Noticias - VLEX 195155103

Plaza Pública / Sosa fatigosa

Autor:Miguel Ángel Granados Chapa
 
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Hace ya más de cinco meses que se despenalizó la difamación en la Ciudad de México, al emitirse una nueva ley civil para defender el buen nombre de las personas, que de paso derogó la respectiva tipificación penal. Pero subsiste un eficaz modo de inhibir las libertades de comunicación (libre expresión y libre información) consistente en agrandar un efecto lateral del legítimo derecho de limpiar su honor, que asiste a aquellos que lo reputan como lastimado. Ese efecto es la fatiga procesal y su costo en dinero, que puede dejar exhaustos a los demandados por reparación de daño moral o denunciados por difamación, independientemente de si reciben o no sentencia adversa.

Maritza Aguilar y Santiago Pando fueron condenados a pagar al subprocurador de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, alrededor de 350 mil pesos (129 mil ella, 218 mil el antiguo publicista de Fox). De ese lamentable modo terminó una fase más de la prolongada batalla judicial iniciada a mediados de 2004 por el alto funcionario de la PGR, que generó varias ramificaciones, reveladoras todas de la incongruente conducta de un funcionario que provocó severo daño al honor de la señora Artemisa Aguilar al presentarla, cuando apenas comenzaba su proceso, como traficante de personas (delito del que ha sido exonerada) y en cambio se sintió lastimado en el suyo porque Pando y su esposa Maritza lo exhibieron como fabricante de indicios para inculpar a la madre y suegra de los ahora sentenciados a lavar con dinero el rostro del subprocurador. Éste demandaba el pago de más de 6 millones de pesos como indemnización a su honra lastimada, y al final recibirá una importante suma, pues no obstante haber perdido el caso en la vía civil inicial, terminó ganándolo en los tribunales de amparo, aunque allí los afectados continúan su defensa.

El largo litigio a que fue arrastrado el matrimonio Pando Aguilar implica un alto costo por asistencia jurídica, seguramente superior a la indemnización finalmente acordada. A su turno Lydia Cacho, acusada por difamación por el impresentable Kamel Nacif había gastado, hasta hace dos meses (en procedimientos que se iniciaron en diciembre pasado) más de 800 mil pesos. Aunque debiera ser inminente su puesta en libertad (hay que recordar que ha estado sometida a proceso y formalmente presa), los gastos en que incurrió significan una suerte de sanción pecuniaria en su contra. Hace ya más de un mes que ganó el lance de que el juicio se ventile en el Distrito...

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