Plaza Pública / ¡Boing!

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

A las ocho de la mañana de hoy se reunirán los trabajadores de la Cooperativa Pascual y quienes quieran acompañarlos, para marchar de su domicilio en la colonia Tránsito, no lejos del centro de la ciudad de México hasta la sede de la Suprema Corte de Justicia. El propósito de la movilización es persuadir a los miembros de ese tribunal que además de la razón jurídica, asiste a los integrantes de esa cooperativa una poderosa justificación social para no ser echados de los predios donde se alzan las dos plantas en que se producen refrescos embotellados de ya larga tradición en México.

Hoy mismo, o en sesión próxima, la Corte resolverá la revisión de un juicio de amparo iniciado por la propietaria de los terrenos donde de tiempo atrás se alzan los edificios de esa empresa embotelladora, en Insurgentes norte, y en la calle Clavijero, domicilio inicial de ese negocio. Luego de severos conflictos en que hasta se produjo violencia cuando esquiroles pretendieron romper una huelga legalmente convocada y calificada, los trabajadores ganaron las prestaciones que demandaban, les fueron adjudicados los bienes de las plantas industriales y hace veinte años inauguraron la gestión cooperativa de la empresa, en que han prosperado no obstante las dificultades de un mercado muy competido, que recurre en abundancia a la publicidad masiva (que Pascual no puede pagar en la abundancia sufragada por sus competidores) y no vacila en usar armas de guerra sucia que los principios de los miembros de la Cooperativa les impiden utilizar.

Los edificios, equipos y enseres adjudicados a los trabajadores se hallaban, sin embargo, sobre terrenos ajenos a la empresa vencida en el juicio laboral. Conforme a una práctica frecuenta en la gestión mercantil, los predios eran propiedad de un tercero, en este caso la señora Victoria Valdés Cacho viuda de Jiménez, cuyo esposo protagonizó el agrio combate contra sus propios trabajadores. Por la vía civil, la propietaria reclamó los terrenos lo que equivale a destruir la empresa, porque la cooperativa no está en condición de emprender el traslado a sitios que sean equivalentes logísticamente a los actuales, amén de que la necesaria paralización de labores implicaría un gravísimo deterioro en sus finanzas. Por ello propuso adquirir los predios en condiciones mutuamente convenientes.

La señora viuda de Jiménez rehusó pactar, y antes que concluyera el juicio civil correspondiente, los trabajadores de Pascual persuadieron al gobierno del...

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