Plaza Pública / ¿La verdad legal?
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Anteayer la Procuraduría General de la República publicó una mentirosa explicación de su papel ante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en vísperas de que se reuniera la sección instructora para emitir el dictamen correspondiente. Un mes atrás la PGR había resuelto combatir en la arena de la opinión pública presentando directamente su versión, a través del subprocurador Carlos Javier Vega Memije. Pero después de algunas apariciones en programas de radio y televisión, cuando el antiguo procurador y secretario de gobierno en Guerrero fue emplazado a comparar su parecer con el de Alvaro Arceo, ex subprocurador capitalino y miembro del grupo defensor del jefe de gobierno, el ex delegado del DDF en Cuauhtémoc eligió el camino de la graciosa huida y a última hora canceló su participación en un programa de Carmen Aristegui. Ahora la PGR prefirió un mensaje impersonal en el que, asegura, presenta "la verdad legal sobre el origen, naturaleza y alcances de las acciones jurídicas realizadas en el caso conocido como El encino".
No es cierto que se trate de "la verdad legal". Esta sólo puede ser establecida por los tribunales, agotadas las instancias previstas en la ley. El Ministerio Público no posee "la verdad legal". Sus acusaciones son una conjetura que pretende probar ante el juez. No es leal frente al público presentar como "verdad legal" una apreciación de los hechos que puede ser desechada, en general, por el arbitrio judicial y, en el caso presente, por el órgano legislativo responsable de determinar si el Ministerio Público puede iniciar acción penal contra una persona protegida por el fuero constitucional.
El sesgo insidioso del comunicado de la PGR, que consta de 10 puntos, comienza por dedicar los dos primeros a verdades que no están en entredicho: "El juicio de amparo es el medio constitucional que tiene toda persona para defenderse de los actos arbitrarios de la autoridad" y "Toda autoridad conoce que no cumplir un mandato de suspensión, es causa de acción penal". La primera afirmación es inobjetable, pero carece de sentido simplemente enunciarla, pues nadie ha pretendido lo contrario. En la segunda hay asegunes. Hay que decir, primero, que la PGR confunde mandato con mandamiento. En derecho, mandato no equivale a orden, a instrucción. La palabra se parece a mandamiento pero su significado es diverso. Mandato es una figura jurídica en que una persona, mandante, encarga a otra, mandatario, la realización de una función. Puede ser...
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