Política disfrazada

AutorMartha Martínez

En febrero de 2014, después de que hiciera público su deseo de contender por la candidatura al gobierno de Sonora, el panista Javier Gándara Magaña presentó a nombre de la Fundación Ganfer la convocatoria "Desafío Emprendedor", cuyo objetivo era apoyar proyectos productivos. Aunque se trataba de una iniciativa de esa asociación civil, Gándara recorrió universidades y municipios con el pretexto de promocionarla, y su nombre y rostro comenzaron a repetirse una y otra vez en radio y televisión.

De acuerdo con el expediente de una queja presentada en marzo de ese año por el PRI ante el entonces Instituto Federal Electoral, Gándara Magaña apareció en mil 332 anuncios en radio y televisión pagados por la fundación, la cual dirige su esposa, Marcela Fernández.

A pesar de ello, el IFE determinó que la exposición del panista, entonces abierto aspirante a la candidatura al gobierno local, no era propaganda electoral ni política, debido a que no fueron materiales difundidos durante una campaña electoral, no los contrataron partidos políticos, candidatos o simpatizantes y no tenían como objetivo divulgar contenido de carácter ideológico.

Y, aunque los actos anticipados de campaña pueden castigarse con la imposibilidad de competir, en febrero de 2015, Gándara fue designado candidato del PAN al gobierno de Sonora. Y estuvo a punto de ganar.

Como este panista, políticos de todos los partidos encontraron en la creación de organizaciones civiles la forma segura de darle la vuelta a las leyes electorales.

A través de asociaciones civiles e Instituciones de Asistencia Privada, estos políticos presionan a sus partidos para obtener candidaturas, recorren sus estados posicionando su imagen -incluso en momentos de veda electoral- y acumulan donativos que utilizan para su promoción personal sin rendir cuentas. Todo esto, sin riesgo de ser sancionados por las autoridades electorales.

Revista R identificó 60 organizaciones dirigidas o puestas a disposición de aspirantes a diversos puestos de elección popular.

Creadas años o meses antes de que sus dirigentes sean postulados a un cargo, algunas de esas asociaciones tienen nombres que coinciden con sus lemas de campaña, la mayoría ostenta un estatus legal que no las obliga a transparentar los recursos que reciben y a muchas de ellas sus dirigentes las activan y desactivan de acuerdo con sus necesidades políticas.

Ubicadas en Veracruz, Sonora, Ciudad de México, Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas y Jalisco, son utilizadas por políticos del PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal, PT y Movimiento Ciudadano; así como del local Partido Sinaloense.

Aunque existen seis quejas en contra de algunas de estas fundaciones ante organismos y tribunales electorales -la mayoría por usarlas para realizar actos anticipados de campaña-, sólo dos han sido sancionadas en los últimos años.

A decir de María Marván, ex consejera presidenta del Instituto Federal Electoral -hoy Instituto Nacional Electoral-, el uso de asociaciones civiles con fines proselitistas es uno de los resultados de las reformas electorales de 2007 y 2014, las cuales aumentaron las restricciones para los políticos, haciendo a éstos más cínicos.

Donativos sin control

Según información de la Secretaría de Hacienda, 20 de estas 60 organizaciones ligadas a políticos acumularon más de 730 millones de pesos en donativos, entre 2009 y 2014. Debido a que reciben apoyos gubernamentales y algunas de ellas se benefician de incentivos fiscales -como poder emitir recibos de deducibilidad de impuestos-, la ley las obliga a reportar el monto de los recursos que manejan.

Aunque estas cifras se encuentran en los reportes de Donatarias Autorizadas, los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y los presupuestos estatales, es imposible conocer el destino final de los recursos. La falta de homologación de criterios para su otorgamiento y la inexistencia de registros detallados impiden saber las razones por las que estas fundaciones reciben apoyos públicos, los proyectos a los que se les aportan y los sectores de la sociedad beneficiados.

Esto facilita que sus donativos sean desviados para el financiamiento de campañas políticas y de proyectos personales. De ahí que, entre las 60 asociaciones civiles detectadas, algunas recibieran apoyos públicos por las gestiones que sus dirigentes realizaron ante los congresos federal y locales o porque algún partido político estaba interesado en posicionar a su candidato.

Destaca el...

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