El precio de la desconfianza
| Autor | Manuel López Bernal |
La jornada electoral es el pináculo de una formidable serie de esfuerzos -institucionales y ciudadanos- para hacer realidad el vínculo político más simple, elemental y concreto que tienen los ciudadanos con el Estado, pero también el más poderoso que tiene la democracia: el derecho a votar.
Ejercer este derecho de manera limpia, transparente y equitativa ha sido el resultado de un largo interregno de construcción político-institucional. Nuestro arreglo electoral contempla una legislación omniabarcante en la cual la autoridad electoral trabaja con una ley exhaustiva y pormenorizada, capaz de alcanzar y modular prácticamente todos los aspectos de la competencia y la organización electoral, lo que, al final del día, permite cimentar la confianza en los resultados de la elección. La confianza de los partidos políticos y los ciudadanos hacia los resultados de la elección es entonces el resultado de un proceso que se cristaliza el día de la elección.
En este contexto, el presupuesto que el IFE presentó a la consideración de la Cámara de Diputados para 2005 refleja de manera gruesa, por un lado, la inversión ineludible para preparar la elección del 2006, y por otro, la inversión necesaria para modernizar a la autoridad electoral de cara al futuro.
El proyecto de presupuesto del IFE, aprobado por el Consejo General para el ejercicio 2005, asciende a 6 mil 198 millones de pesos. Para el financiamiento público a partidos y agrupaciones políticas se destinarán 2 mil 117 millones de pesos, equivalentes al 34 por ciento del gasto total presupuestado, y 4 mil 80 millones de pesos, el 66 por ciento, para el gasto de operación.
Tomando como referencia el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo federal, el presupuesto total del IFE representa el 0.5 por ciento del gasto programable del gobierno federal. Las prerrogativas el 0.17 por ciento y el gasto de operación tan sólo el 0.33 por ciento.
El proyecto de presupuesto significó un proceso institucional de construcción de objetivos y metas al interior del Instituto. Cada una de las áreas operativas y los partidos políticos representados en el Consejo General participaron en la deliberación de las necesidades y objetivos a alcanzar para el próximo año. Los recursos determinados para el financiamiento público a partidos y agrupaciones políticas se calcularon mediante la aplicación estricta de las fórmulas legales que la ley determina. De esta suerte, la metodología utilizada para elaborar el...
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