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Prepara Corte una respuesta a ex dirigentes

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AutorVíctor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá próximamente si la Procuraduría General de la República debe realizar diligencias de investigación sobre los hechos del 2 de octubre de 1968 o si, por el contrario, la dependencia hizo lo correcto al rechazar el caso por el tiempo transcurrido.

El amparo que revisará la Corte fue promovido en 1998 por un grupo de ex dirigentes estudiantiles encabezado por Raúl Alvarez Garín, que buscan se persiga por genocidio, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad a funcionarios de aquella época, algunos, como Gustavo Díaz Ordaz, ya fallecidos.

La PGR se negó a realizar actuación alguna por considerar que 30 años después, el asunto está prescrito.

Sin embargo, el grupo de quejosos, que incluye además a Roberto Escudero, Félix Lucio Hernández Gamundi y Roberto Vázquez Camarena, entre otros, promovió una demanda de amparo contra la resolución del Fiscal federal que se negó a investigar el caso.

El 9 de abril de 1999, el entonces Juez de distrito Miguel Angel Aguilar López concedió el amparo solicitado, al considerar que la PGR no puede desechar sumariamente la denuncia y debe realizar diligencias de investigación antes de concluir que los posibles delitos ya prescribieron.

La denuncia sostiene que la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco fue un acto "planeado, dirigido, coordinado y ejecutado" por funcionarios civiles y militares de alto rango.

Los dos principales funcionarios señalados que aún viven son el entonces Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez, y Fernando Gutiérrez Barrios, que estaba al frente de la Dirección Federal de Seguridad.

Otros ya murieron, entre ellos Marcelino García Barragán, ex Secretario de la Defensa Nacional, y el ex Regente capitalino Alfonso Corona del Rosal.

Ante el amparo concedido por Aguilar López, el Procurador Jorge Madrazo Cuéllar estimó necesario llevar el caso a revisión, pues la PGR considera "indudable" que los 30 años transcurridos ya superan el plazo de prescripción legal para perseguir los delitos imputados.

El argumento del grupo encabezado por Alvarez Garín es que las tres décadas transcurridas no tienen importancia. "Los...

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