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AutorSergio Caballero

Corresponsal

CANCÚN.- Dos Jueces federales declararon inconstitucional la Ley Estatal de Hacienda (LEH) por incumplir el proceso legislativo para su aprobación y entrada en vigor.

Desde que se creó, en 1994, la LEH y sus consecutivas reformas carecieron de refrendo, que significa que los secretarios del ramo no firmaron los decretos, luego de ser aprobados por la Legislatura, y antes de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado.

El Artículo 93 de la Constitución de Quintana Roo, y el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado ordenan a los secretarios refrendar los decretos aprobados por la Legislatura.

Pero fue hasta el 2011 cuando esta omisión se convirtió en materia de litigios, a partir de una jurisprudencia temática de la Suprema Corte.

Esta jurisprudencia temática, publicada en junio de 2011, se determinó a partir de un litigio referente al Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAE), que forma parte del articulado de la LEH y sus ordenamientos relacionados, como la propia Ley de los Municipios.

A partir de esta jurisprudencia, que declaraba inconstitucional el ISAE por falta de refrendo, diversas empresas empezaron a promover juicios de amparo a fin de no pagar los impuestos locales y, además, obtener devoluciones de pagos realizados ante la Secretaría Estatal de Hacienda (SEH).

En estos litigios destaca el caso de 10 empresas hoteleras, que de septiembre de 2011 promovieron amparos contra el cobro del dos por ciento sobre nómina, incluido en el LEH.

Tras el papeleo legal, los jueces Cuarto y Quinto de Distrito le dieron la razón a los hoteles.

El Juez Cuarto, Miguel Nahim Nicolás Jiménez, en sus sentencia de marzo de 2012, estableció, a partir de la jurisprudencia temática, que sí es aplicable el concepto de suplencia de la queja por defecto.

A partir de que determinó inconstitucional el ISAE, este criterio se amplió al impuesto de dos por ciento sobre nómina.

El Juez Quinto, Darío Carlos Contreras Favila, fue más categórico, pues rechazó de plano las pruebas ofrecidas por el Gobierno del estado.

En su sentencia, de la segunda quincena de abril de 2012, estableció que no era aplicable la fe de erratas en el Periódico Oficial del Estado para subsanar la falta del refrendo de los secretarios.

Y es que fueron manipulados los contenidos del Periódico Oficial en los litigios federales en los que se defendió la Secretaría Estatal de Hacienda.

Una de la pruebas ofrecidas por el Gobierno del estado fue...

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