La razón de ser de la Convención
| Autor | Ignacio Marván Laborde |
A don Melchor Ocampo, quien en plena polarización jamás se confundió, pues tenía claro que en los momentos de cambio "los moderados son sólo conservadores más despiertos".
La realización de la Convención Nacional Democrática en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 16 de septiembre, tiene por objeto inmediato organizarnos para resistir pacíficamente al inminente gobierno de la usurpación y adoptar un programa mínimo para combatirlo con eficacia.
Aunque nuestros detractores se nieguen a aceptarlo, la Convención Nacional Democrática tiene fundamentos sólidos. Es la respuesta legítima a la violencia, a los delitos electorales y al fraude cometidos en la elección presidencial. Por ello, dado que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad establecidos en la fracción III del Artículo 41 Constitucional, han sido violados de manera sistemática e impune en esa elección, carecen de autoridad y no tienen razón quienes para preservar el "Estado de Derecho" -sic-, y por "lealtad a la democracia" -de nuevo sic-, pretendan exigirnos que reconozcamos el resultado oficial de la elección presidencial.
El fraude es un hecho, aunque muchos pretendan ocultarlo. La biopsia practicada a la elección presidencial en 149 de los 300 distritos electorales, mediante la diligencia judicial celebrada del 9 al 13 de agosto pasados, demostró que dicha elección sí tenía cáncer. Pues, como es de dominio público y consta en las actas circunstanciadas de quienes dirigieron esta diligencia, al abrir los paquetes electorales lo que se encontró fueron boletas de menos, votos de más y violación de paquetes y sobres, todo lo cual está tipificado como delito, pues se trató de actos cometidos con el fin de alterar el resultado de una elección para favorecer fraudulentamente a Felipe Calderón.
Con estos resultados de la diligencia, si lo que se quería era dar certidumbre a la elección presidencial era imperativo atender la demanda de contar voto por voto pero, simplemente, fue ignorada. Al día de hoy, todo parece indicar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver las inconformidades se acobardó ante el embate de los intereses y, en lugar de ir al fondo del asunto para hacer valer la voluntad popular, también involucionó y recurrió a la práctica típica de la manera priista de administrar justicia, la de refugiarse en las formas para evadir la responsabilidad de hacer justicia.
Dejar atrás la República simulada
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