Razones y Proporciones/ Se requiere una reforma del Congreso
| Autor | Manuel Sánchez |
En la interpretación de Smith, las cualidades mencionadas son necesarias para que los impuestos no obstaculicen la creación de la riqueza nacional; y "equidad" significa que cada individuo pague impuestos en una proporción fija a sus ingresos, lo que garantiza la "neutralidad", es decir la ausencia de distorsiones en la actividad económica. Varios cambios recientes se acercan a estos preceptos, como son: la homologación y la disminución gradual de la tasa máxima del ISR para personas físicas y morales, la reducción gradual de los intervalos de la tarifa para las primeras y la simplificación operativa de varios regímenes tributarios, incluyendo el IVA.
No obstante, la reforma incorporó resoluciones contrarias a los principios de la buena tributación, contrarrestando las ganancias anteriores. Cabe destacar las siguientes. Se mantiene la mayoría de los privilegios y las exenciones tanto en el ISR, -por ejemplo, en las prestaciones de los trabajadores del Estado y los regímenes especiales para la agricultura y el autotransporte-, como en el IVA, y apareció un nuevo impuesto de 3 por ciento a la nómina de las empresas, el cual desalienta la utilización de la mano de obra, especialmente la menos calificada.
Se crearon gravámenes en la modalidad del IEPS: 10 por ciento para los servicios de telecomunicaciones, incluyendo la telefonía celular por contrato y 20 por ciento a refrescos con endulcorantes diferentes al azúcar. Estos impuestos violan el principio de equidad y neutralidad, al penalizar actividades muy dinámicas, como en el primer caso, y de mayor eficiencia, como en el segundo para subsidiar a los ingenios azucareros. A la distorsión de un precio artificialmente alto del azúcar se añade un impuesto a la fructosa, conduciendo a una asignación ineficiente de los recursos productivos.
En lugar de homologar el IVA a una tasa y eliminar las exenciones, se introdujo un impuesto de 5 por ciento sobre la venta de una lista arbitraria de artículos de "lujo", como los equipos de cómputo y los automóviles cuyo precio supere cierto valor. Una vez más, el Congreso decide castigar a las industrias más prósperas incrementando el costo, de por sí elevado, de los automóviles por la existencia del ISAN, con severo detrimento para los consumidores. A pesar de la probada inefectividad de los impuestos sobre el "lujo" por la evasión y el contrabando que generan, los legisladores prefirieron un discurso de "justicia social" aunque no se sustente en resultados.
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