Refuerzan el combate contra secuestro

AutorOctavio Pineda y Alejandro Pairone

REFORMA/ Colombia y Argentina

BOGOTÁ.- La lucha contra el secuestro y la extorsión en América Latina se ha trasladado al terreno jurídico con decretos y reformas de ley que tienen como finalidad dotar al Estado de herramientas para combatir ambos flagelos con más fuerza.

Estas iniciativas buscan además aliviar el drama de quienes son víctimas del secuestro y la extorsión y de sus familias, sobre todo en las naciones más golpeadas como Colombia, México, Argentina o Venezuela.

Argentina

Plan estratégico

Tras la conmoción social que produjo en abril pasado el plagio y posterior asesinato de Axel Blumberg, hijo de 20 años de edad del pequeño empresario textil Juan Carlos Blumberg, el Gobierno argentino envió al Parlamento un conjunto de medidas represivas y aplicó otras por vía administrativa.

El Gobierno recogió el guante al cabo de una movilización de más de 100 mil personas protagonizada por sectores de la calse media urbana que se solidarizaron con Blumberg y avalaron un pliego de demandas.

Llamado "Plan Estratégico de Seguridad", el programa elevó las penas mínimas y máximas por plagio de 5 a 8 años y de 20 a 30 años, respectivamente, e impuso la reclusión perpetua de cumplimiento efectivo para los secuestros seguidos de muerte.

Dispuso la creación de una Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que comandada por un civil reemplazará a la Policía Federal y tendrá un departamento especializado en secuestros. A su vez, un grupo de expertos trabajan en la elaboración de un nuevo protocolo de procedimientos para las crisis de plagios.

Además de reducir la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años, el plan extendió la figura del "arrepentido" para los delitos de plagio, permite pagar recompensas por delación o información y busca perfeccionar el programa de protección de testigos.

En materia judicial, dispone la creación de juicios rápidos de no más de cinco días para delitos pescados "in fraganti", una fórmula principalmente destinada para los llamados "secuestros exprés". También se endurecieron considerablemente las condiciones para conceder excarcelaciones para todo tipo de plagio.

Además, el Estado obligará a las empresas de telefonía celular a abrir un registro especial con datos personales de los propietarios de las líneas, y se prohibirá la reventa de aparatos usados o reciclados, habitualmente utilizados por los secuestradores.

Tras comprobarse estrechos vínculos entre la Policía y bandas de plagiarios, se fijó una pena especial de hasta 30 años de prisión para los policías que participaran en secuestros.

En Argentina fueron reportados 390 secuestros en el 2003 y 90 en los primeros 80 días del 2004, según cifras de la justicia federal.

Brasil

Pone Río el ejemplo

En un contexto latinoamericano donde la industria del secuestro es uno de los delitos florecientes, Brasil aparece como un lugar donde ese tipo de crímenes muestra una sensible tendencia a la baja, y que tiene al Estado de Río de Janeiro como su ejemplo más exitoso.

La principal política del Gobierno carioca ante ese problema residió, básicamente, en la capacitación y profesionalización de los agentes de la División Antisecuestro (DAS) del Ministerio de Seguridad Pública.

Con apenas 0.1 secuestros por cada 100 mil habitantes, Río de Janeiro tiene hoy el índice más bajo de Brasil. En todo el país hay unos mil 500 secuestros al año, pero ahí sólo hubo dos reportados en el 2004.

Asolada con más de 200 secuestros por año, en 1995 Río de Janeiro puso en marcha una profunda reestructuración de la DAS, cuya primer medida fue eliminar a todos los agentes corruptos y sospechosos de tener vínculos con bandas de secuestradores.

"Nuestro principal punto de trabajo fue la eficiencia en la investigación y en la honestidad", explicó a REFORMA el actual director de la DAS brasileña, Fernando Moraes.

Las principales medidas fueron el diseño de nuevos y modernos métodos de trabajo, la conformación de un cuerpo altamente capacitado y honesto, cuyas investigaciones quedaron bajo supervisión directa del Ministerio Público.

Crearon bases de datos interconectadas que se alimentaban de todos los organismos de seguridad y al mismo tiempo elevaron el nivel salarial de los agentes de esa repartición.

"Antes de 1995 nadie denunciaba los plagios porque no se confiaba en la Policía; ahora no se produce un secuestro que no se denuncie porque todo el mundo está seguro de nuestra honestidad", se...

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