Refutan a AMLO deuda por ductos

AutorKarla Omaña y Diana Gante

Los 21 mil millones de dólares que costaría al Gobierno federal tener 7 gasoductos detenidos no representan recursos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esté destinando para subsidiar a las empresas, afirmaron especialistas.

Se trata, agregaron, del costo de tener disponible la infraestructura durante la vida del contrato, que tiene una vigencia de 25 años.

En el tema y las propias cláusulas de los contratos se establece que los costos se recuperan usando la infraestructura, pero eso no es posible porque en los 7 ductos mencionados existen causas de fuerza mayor que impiden a las empresas completar el proceso, indicaron.

"Los contratos tienen una cláusula (que señalan) que cuando no se usan por fuerza mayor se paga, pero el servicio siempre es por 25 años", refirió una fuente involucrada con el tema que pidió el anonimato.

Esto significa que si se paga por un año y ese tiempo no hubo servicio, el último año de contrato no hay costo.

Estos pagos tampoco representan ningún tipo de subsidio para las empresas.

El contrato que se firma con la CFE es por el costo de la molécula y lo obtiene la empresa que ofrece un mejor precio a la paraestatal.

Ese es uno de los cargos, y el otro, el fijo, paga la disponibilidad de la infraestructura para su uso en el momento en que la CFE lo requiera.

"Ese cargo fijo por capacidad es precisamente lo que hace que ese proyecto sea viable, sin ese cargo fijo, las empresas no pueden financiar el proyecto", dijo Gonzalo Monroy, especialista del sector energético.

Cualquier ducto en el mundo cuenta con cargos fijos por capacidad.

"CFE tiene que pagar por el gas independientemente si lo toma o no; el daño económico de la CFE de no tener el gas natural es muchísimo más alto porque conlleva todos los sobrecostos de la electricidad que no se genera", aseguró Monroy.

Claudio Rodríguez Galán, socio de la firma Thompson & Knight, mencionó que en ese tipo de contratos el Gobierno paga poco a poco a la iniciativa privada por la infraestructura construida.

"El nivel de irresponsabilidad en el manejo de la información traerá consecuencias en el sector para los próximos meses. Si es un contrato leonino, ¿para quién? ó ¿cómo está funcionando? si es que CFE no va a ser beneficiada", añadió.

Para Dante Dos Santos, abogado especializado en contratos, éstos fueron diseñados por el Gobierno, quien llamó a los particulares para cubrir los requerimientos que se tenían en ese momento y tendrían que favorecer a la Comisión.

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