La renovación del IFE
| Autor | Lorenzo Córdova y Pedro Salazar |
Valga el lugar común: lo electoral ha constituido la clave del cambio político mexicano desde la segunda mitad de los años setenta. Si hoy podemos afirmar que nuestro país es una democracia se debe a las transformaciones que en las últimas décadas sufrieron las normas y las instituciones electorales. La construcción de partidos políticos fuertes y el diseño de las reglas y de los órganos públicos para organizar su competencia llevaron a México desde un régimen que, si bien en el papel recogía las reglas básicas de la democracia, en los hechos se revelaba profundamente autoritario hacia un sistema político indudablemente democrático.
El Instituto Federal Electoral es fruto y a la vez artífice de la transición a la democracia. Desde su creación, en 1990, cargó con la responsabilidad de conquistar la confianza de la ciudadanía en uno de los temas más conflictivos y desprestigiados de nuestra historia política: la organización de elecciones.
Antes del IFE, lo que teníamos era una Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación e integrada por representantes de los partidos políticos en función de su presencia en el Congreso. Esa desafortunada fórmula permitió que, de cara a las elecciones de 1988, el PRI contara con 16 votos de los 31 posibles en el seno de la autoridad electoral y controlara, en consecuencia, sus decisiones.
De hecho, aun cuando los representantes de todos los partidos de oposición sumaran sus votos, y en el muy improbable escenario de que el secretario de Gobernación (que era del PRI) y los representantes del Senado y la Cámara de Diputados (ambos, por supuesto, también del PRI) votaran con ellos, los 16 votos priistas seguían siendo la mayoría. Esa aberración institucional pasaría a la historia por haber propiciado las que posiblemente fueron las elecciones más controvertidas de nuestra historia política moderna, y por haber puesto en riesgo la convivencia política, pacífica y civilizada en México.
La clave para salir de ese laberinto marcado por la parcialidad, la arbitrariedad, la desconfianza y la opacidad fue crear una autoridad electoral profesional, imparcial y autónoma frente a los partidos y al gobierno. Así fue como en 1990 nació el Instituto Federal Electoral con un aparato institucional grande, complejo y profesional, encabezado por un consejo general responsable de la toma de decisiones del Instituto.
En 1994, el país reclamaba que la autoridad electoral estuviera encabezada por ciudadanos independientes, capaces de garantizar la autonomía institucional y de actuar con apego a la legalidad. Para aquilatar la importancia de estos nombramientos basta recordar el clima político que acompañó el nombramiento de los "seis consejeros ciudadanos" a lo largo de los primeros meses de 1994 y que inspiró la llamada "ciudadanización" de las autoridades electorales. El país, simple y llanamente, ya no toleraba elecciones que fueran organizadas por una autoridad alineada con el gobierno o bien maniatada (o...
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