Responde el hampa con violencia
| Autor | Jésica Zermeño Núñez |
Eran las 19:50 horas del pasado 22 de octubre en Tijuana. En el Boulevard Casablanca, al oriente de la ciudad, desconocidos comenzaron a dispararle a elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Rigoberto Acevedo; su esposa, Susana Cerna, y sus tres hijos circulaban en esa avenida en una camioneta Explorer roja. Cuando Rigoberto se percató de que se encontraba en medio del fuego cruzado trató de poner a salvo a sus seres queridos y aceleró. Mientras, Susana pasó a su hijo de apenas 18 meses al asiento del copiloto, para protegerlo con su cuerpo.
Al escuchar los disparos, Rigoberto instintivamente se resguardó bajando la cabeza al volante. Segundos después, la camioneta chocó con un camión que cargaba ladrillos. El bebé se estrelló contra el tablero del auto y se desnucó.
La escena retrata el clima de violencia e inseguridad que se vive en varias plazas del país, a pesar del Acuerdo firmado por toda la clase política hace 94 días.
El 21 de agosto, tras la conmoción provocada por el secuestro y asesinato de Alejandro Martí, los representantes de los tres Poderes de la Unión, gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, presidentes municipales, medios de comunicación, sindicatos y líderes empresariales y religiosos firmaron un pacto que pretende manifestar la disposición del Estado para encarar a la delincuencia.
Bautizado como Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el documento parte de un reconocimiento: "la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia".
Los firmantes advierten que la sociedad está sufriendo lo mismo por la delincuencia común que por el crimen organizado: "el Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras".
A propuesta de las organizaciones ciudadanas, las autoridades aceptaron fijarle plazos de ejecución a los 75 puntos del Acuerdo, y llevar a cabo la primera evaluación del mismo a los 100 días de su firma, es decir, el próximo 29 de noviembre.
A pesar de que las autoridades han atendido 13 de las 15 acciones estipuladas para la primera evaluación, el balance es negativo.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso iniciativas para crear una nueva Ley General del Sistema de Seguridad Pública, una nueva Policía Federal, la ley de extinción de dominio y para reformar la Ley Orgánica de la PGR.
Los legisladores se encuentran discutiendo las iniciativas, así como una ley general de secuestro, pero ya adelantaron que éstas serán aprobadas después del 29 de noviembre.
Otro punto cumplido por el Ejecutivo y el Legislativo es el incremento al gasto en seguridad contemplado en el Presupuesto de Egresos del 2009.
Sin embargo, en los 91 días que han transcurrido desde la firma hasta el cierre de esta edición, la sociedad ha atestiguado un recrudecimiento de la violencia que se puede resumir en: un ataque con granadas a la población civil; mil 561 ejecutados (74 de ellos hallados en grupo); seis levantamientos colectivos; agresiones con explosivos a instalaciones de seguridad, consulados, periódicos y comercios; motines en 12 cárceles; la proliferación de narcomensajes, principalmente en mantas; el homicidio del alcalde de Ixtapan de la Sal, estado de México, y el asesinato de 167 policías, 15 militares y dos periodistas.
En cuanto a la delincuencia común, las autoridades federales no han hecho públicas las cifras de estos tres meses a nivel nacional, pero si se toma como referencia la capital del país es claro que la situación no mejoró.
Según cifras de la Procuraduría del Distrito Federal -la única del país que presenta al público estadísticas delictivas de manera actualizada en su portal de internet-, los delitos que diariamente sufre la ciudadanía se incrementaron de 13 mil 921 en julio a 15 mil 626 en octubre. Los robos en particular pasaron de 7 mil 680 en julio a 8 mil 469 en octubre.
Como respuesta inmediata tras la firma del Acuerdo, en los primeros 24 días fueron detenidos al menos 119 plagiarios por corporaciones de todo el país, entre ellos dos integrantes de la banda de La Flor, acusada de operar el secuestro de Fernando Martí.
A la desarticulación de bandas de secuestradores siguieron los golpes emblemáticos al crimen organizado, entre los que destacan la detención del único de los hermanos varones de la familia Arellano Félix que quedaba libre; la captura de Jesús Reynaldo Zambada, hermano del líder del Cártel del Pacífico; el aseguramiento de 26 millones de dólares en Culiacán; la captura de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los principales capos de Los Zetas, y el decomiso de armas más grande en la historia del país.
En paralelo, el propio gobierno ha destapado la cloaca de la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas, al poner en marcha una depuración de mandos en la PGR a la que ha denominado "Operación...
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