La responsabilidad del porvenir
| Autor | Arturo Oropeza García |
Investigador de la UNAM.
No cabe duda de que en México, en el año 2012, lo que estará a debate de manera expresa o tácita será la evaluación que haga la población del país sobre los resultados de su presente económico-político, pero de manera aún más importante, sobre la ruta que seguirá en esta primera mitad del siglo XXI.
En los últimos años diversas corrientes de estudiosos, académicos y ciudadanos en general, han venido denunciando la insuficiencia de los resultados de un modelo económico que se ha sostenido más por las promesas de un futuro que no llega, que por la concreción de un bienestar que alguna vez ofreció para todos y que cada vez se aleja más de un número mayor de mexicanos.
En lo político, la inestabilidad de una transición extendida al infinito tampoco ha contribuido a generar ese marco de confianza y de orientación del rumbo que requiere el país para reposicionarse en el camino del crecimiento, la sustentabilidad y la cohesión social, en un franco divorcio entre la política y el desarrollo.
La insuficiencia de la estrategia económica seguida los últimos 30 años (1982-2012), por más obstáculos que se aludan, debiera ser una prueba suficiente para sensibilizar las posiciones más recalcitrantes, así como para dar pie a la apertura de un debate sobre las nuevas líneas del desarrollo que deban implementarse por un país que hoy vive el agobio de no poder responder con suficiencia económica a la mayoría de sus habitantes, y que peor aún, sin aceptarlo, ha perdido la brújula sobre el camino del futuro que debe transitar para hacer avanzar su trayectoria en el marco de un nuevo siglo global, difícil y problemático, que apenas inicia.
No sólo es la evidencia empírica la que nos habla de un crecimiento económico insuficiente en las últimas tres décadas, con una tasa anual del 2.4 por ciento aproximadamente; o de una tasa de crecimiento anual promedio del PIB/ per cápita del 0.8 por ciento en el mismo período; de una incipiente inversión fija bruta por habitante del 0.71 por ciento anual promedio, o de la disminución, no del aumento, del 1.7 por ciento anual promedio del salario mínimo en estas tres décadas (Calva, 2010); lo es también una realidad social que no deja de expresarse por todas partes.
No es, no debiera ser, un debate que se presente como una contienda por las cifras, por los ataques o por las excusas; es mucho más real que eso. Es la oportunidad de saber qué va a hacer el país para enfrentar las demandas legítimas del 50...
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