Empresa/ Salud de Mercado

AutorAlberto Barranco Chavarría

Privatizar, pues, la medicina social.

La propuesta concreta habla de crear un Sistema de Cuentas Individuales de Ahorro Médico, que se integraría en un escenario similar al de las Administradoras de Fondos para el Retiro, cuya acumulación apuntaría a dos subcuentas: una para financiar una póliza de gastos médicos mayores, y otra para gastos médicos menores.

En este último renglón el usuario podría utilizar los recursos a su elección, en un escenario, decíamos, en que el capital privado asumiría todos los activos de seguridad social, excepto los ubicados en las zonas marginadas.

Naturalmente la posibilidad se plantearía con rango de ley para hacerla obligatoria a todas las personas mayores de edad solas o con dependientes... con opción de realizar adicionalmente aportaciones voluntarias para engordar el cochinito.

De acuerdo con el documento "Calidad de los Servicios de Salud Pública" elaborado por el grupo financiero Bilbao Vizcaya/Bancomer, la posibilidad de una aportación voluntaria al sistema permitiría que cada persona pueda de forma efectiva controlar su inversión en capital humano, e "internalizar todos los beneficios de una cuidadosa planeación médica".

El texto, por lo demás, pondera la libertad de elección de los usuarios, dado que "como en cualquier otro mercado, el esquema ofrece fuertes incentivos económicos para que los proveedores del servicio compitan en precio, cobertura y calidad para afiliar a sus clientes".

Más aún, "la libre elección de los planes de salud brinda a los pacientes un mecanismo efectivo para que éstos puedan proteger sus derechos y exigir a sus proveedores, es decir, premiar o castigar la calidad de la atención médica".

Ahora que la propuesta habla de que el Estado financie total o parcialmente la prima del seguro de gastos médicos mayores y un monto inicial de los menores para la población de escasos recursos.

Más al detalle, se habla de que cualquier subsidio se otorgaría en función de la capacidad contributiva de las personas, pudiendo llegar al 100 por ciento en el caso de las de la tercera edad, o de pacientes con enfermedades crónicas preexistentes.

Y por si le faltara el palito al chirrión, se señala que el apoyo del Estado podría derivarse desde un ángulo de impuestos generales, y desde otro "de la continuación en el esfuerzo de desincorporación de entidades paraestatales".

El esquema, sin embargo, obligaría al Gobierno a mantener en forma transitoria su oferta de salud pública de emergencia en las...

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