Seguridad Nacional: Prioridad sin definición
| Autor | Oscar Vladimir Martínez |
La remodelación y compra de enseres para la residencia oficial de Los Pinos, la problemática de las fronteras norte y sur, la organización y manejo de las Fuerzas Armadas, el control de las tripulaciones de los barcos que arriban al país, el petróleo y Pemex, el Cisen, la protección de los recursos naturales, el Registro Nacional de Vehículos, las escuelas públicas. Todo lo anterior tiene en común el haber sido calificado en algún momento, de acuerdo con una coyuntura específica, como asunto de seguridad nacional.
Sin límites precisos, el concepto de seguridad nacional ha sido utilizado por el Estado de manera discrecional a propósito de los más diversos asuntos, sin que a la fecha exista un marco normativo que determine cuáles son las circunstancias de amenaza real para la seguridad del país y que acote el funcionamiento de los órganos encargados de esa tarea.
A nueve meses de haber iniciado la administración de Vicente Fox, especialistas en el tema advierten la similitud del gobierno panista y los priistas en torno a la operación de los temas contenidos en dicho concepto. La seguridad nacional mexicana ha funcionado, según los expertos, como una herramienta para la preservación del Estado y no de México y sus habitantes.
Basado en el modelo estadunidense, la política de seguridad nacional en México ha sido modificada en los últimos años. Antes y después de la toma de posesión de Vicente Fox los escándalos por intervenciones telefónicas adjudicadas al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por la exigencia de acceso a la información de desaparecidos políticos, han sido constantes. Al ser uno de los principales órganos de resguardo de información de seguridad nacional, su actuación ha sido severamente cuestionada y sus métodos y acervo han sido guardados con secrecía.
Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, sostiene que la función central que históricamente se le ha dado a la seguridad nacional no es más que el control de partidos, sindicatos y organizaciones sociales, es decir, todo aquello que representaba una oposición al régimen era considerado como amenaza para el sistema.
Con sus respectivos cambios de nombre, subordinadas a la Secretaría de Gobernación, las oficinas de seguridad nacional han estado asociadas con represión política, desapariciones y persecución de disidentes. Su labor fue, en la práctica, el control social y político del régimen. Por ellas transitaron polémicos personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar, Jorge Carrillo Olea y José Antonio Zorrilla, quienes se ocuparon de investigar y combatir a movimientos sindicales, estudiantiles y guerrilleros.
El esquema de seguridad priísta se colapsó en la década de los ochenta, cuando se descubrió que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) había sido infiltrada por el narcotráfico. La DFS fue disuelta y dio paso a la creación de la Dirección de Información y Seguridad Nacional, precursora del Cisen creado en 1989 durante el gobierno de Carlos Salinas, ya con un perfil dirigido a ser una instancia de búsqueda y análisis de información más que de persecución.
Todo se vale
"Durante muchos años el término seguridad nacional ha servido para justificar los proyectos a los grupos en el poder y no la defensa de la nación. Es un término similar al de 'razón de Estado', con eso se vale todo", afirma Jorge Chabat, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas y experto en cuestiones de seguridad y narcotráfico.
La seguridad nacional, según Manuel Sandoval Palacios, autor de varias investigaciones sobre el tema, es la capacidad de un Estado de proteger sus valores internos de las amenazas externas, en el entendido de que las amenazas a un país no siempre son militares, y de que la seguridad del gobierno y del grupo gobernante no necesariamente equivale a la seguridad de la nación.
Si dicha concepción es, de acuerdo con Sergio Aguayo, el conjunto de...
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