Sergio Aguayo / Los nueve
| Autor | Sergio Aguayo |
El 3 de octubre los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral aprobaron la destrucción de las boletas de las elecciones de 2006 y 2012. En la versión estenográfica de la sesión aparecen fortalezas y debilidades de los razonamientos que emplearon. Me centro en el 2006.
Su decisión parte de una frase del artículo 302 de la ley electoral: "una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su destrucción". Para Sergio García Ramírez esto hace que la decisión no sea "ni arbitraria ni precipitada ni inusitada". Para Benito Nacif su "destino [...] está definido en la ley". Por su parte, María Macarita Elizondo respondió a las peticiones de que se digitalicen las boletas: "El destino no es su digitalización, su resguardo, su depósito o su donación. Si así fuera, lo hubiera dicho el propio legislador". Otro argumento fue la finalización de los recursos legales.
Los consejeros creen respetar el "derecho a la información" porque según Francisco Javier Guerrero la información contenida en las boletas "es vaciada en las respectivas actas" a disposición del público. Rechazan los intentos de quienes desean cotejar las actas con las boletas con argumentos tan peligrosos como el de María Marván Laborde: "el análisis de las boletas por actores independientes y sin la tutela legal de todos los testigos que la ley exige no necesariamente lleva al estudio de la elección [...] y desgraciadamente sí podría llevar a la manipulación de la información, lo que tendría graves consecuencias". ¿Quién determina el manejo "correcto" de los datos?
Una tercera línea argumentativa es la descalificación de los desconfiados. Para Alfredo Figueroa quienes dicen "que las elecciones de 1988 y las de 2012, o las de 2006 tienen una vinculación" no reconocen, "para empezar, la existencia" del IFE. Leonardo Valdés reitera la misma idea y añade: hablar de fraude es invocar a "mitos y fantasmas" (El Universal, 8 de octubre).
La realidad es terca. Pese a los avances, amplios sectores de la población desconfían. Según encuestas de Reforma, en julio de 2006 41% consideraba que los comicios tuvieron "irregularidades graves"; una encuesta levantada en julio de este año muestra que el 40% piensa lo mismo sobre el 2012. La polarización se extiende a los sectores más lúcidos e informados. El recurso jurídico de Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, llegó hasta la Suprema Corte, en donde fue derrotado por un solo voto: quedaron seis votos contra cinco.
Los nueve...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba