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Sergio Aguayo / Semana de DH

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Vincent
AutorSergio Aguayo

A la memoria de Jorge Bustamante, colega y amigo.

Como el Presidente es incapaz de entender al complejo movimiento de derechos humanos, toma el camino fácil de la descalificación.

El martes 30 de marzo, el Departamento de Estado norteamericano presentó al Congreso el informe anual sobre la evolución de los derechos humanos en el mundo. La parte sobre México es severa y el presidente López Obrador llegó irritado a la mañanera del miércoles. Aprovechó una pregunta sobre la epidemia de Covid para desahogarse con una interrogante y una condena.

"¿Por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?". Después quedó claro que se refería a la mención crítica sobre la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, soportada en estudios hechos por Artículo 19, una organización de la sociedad civil (OSC), a la cual descalificó por pertenecer al "movimiento conservador que está en contra nuestra".

Una de las consecuencias de la Guerra de Vietnam y de Watergate fue la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de una ley que obliga a la elaboración de dichos informes. Desde 1976 aparece esta serie documental, útil para observar la evolución de ese tema en la política exterior de la potencia. Es un documento con el punto de vista del Departamento de Estado que, pese a su tendencia liberal, en ocasiones incluye omisiones intencionadas (por ejemplo, minimizar el uso cotidiano de la tortura por el gobierno mexicano durante la Guerra Sucia).

El documento que provocó el enojo presidencial tiene 35 cuartillas a espacio sencillo. Es un texto sólido y equilibrado que cita informes públicos del gobierno mexicano, de OSC y de organismos multilaterales. Su tesis central es que las violaciones a los derechos humanos se derivan de la "impunidad y las extremadamente bajas tasas de enjuiciamientos". Entre los ejemplos que da están los "ataques [en redes] a periodistas". Por otro lado, también reconoce que los "observadores internacionales consideraron las elecciones de 2018 libres y equitativas" y reconoció que no hay "restricciones gubernamentales a la libertad académica o la realización de eventos culturales".

No es la primera vez que estos informes molestan al Presidente en turno. Una solución de fondo sería que el gobierno de la 4T pida al Congreso que controla, aprobar una ley ordenando a la Secretaría de Relaciones Exteriores elaborar un informe anual sobre el respeto a los derechos...

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