Sergio Aguayo / Urbanismo salvaje

AutorSergio Aguayo

Las ciudades mexicanas han sido devastadas por desarrolladores deshonestos, funcionarios corruptos e integrantes del Poder Judicial inmorales. Afortunadamente, hay ciudades con vecinos organizados que se benefician de reformas legales y jueces honestos.

El urbanismo salvaje tenía cadencia y lógica. Primero se daba el cambio subrepticio en el uso del suelo; luego venía la construcción acelerada para sorprender a vecinos indefensos porque jueces y magistrados les negaban el interés jurídico o legítimo. La destrucción de tejido social tenía, entre sus consecuencias nocivas, abrir espacios al crimen organizado.

El negocio fue fabuloso. En la capital una organización, Suma Urbana, calculó en 4 mil los edificios ilegales construidos al amparo de la Norma 26 durante la última década. Si se usan las estimaciones de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) esa actividad generó ingresos ilícitos por unos 203 mil millones de pesos. La destrucción provocó la reacción vecinal y metió el tema a la agenda pública. El martes 25 del mes pasado las agrupaciones vecinales organizaron un foro llamado La ciudad que merecemos: de la ciudad de los Palacios al caos inmobiliario, al cual asistieron legisladores y delegados electos. Los vecinos demostraron que saben protestar y proponer.

Llevo estas generalizaciones a una batalla concreta porque el desenlace es muy importante. Desde hace 34 años paso todo el tiempo que puedo en un condominio de Jiutepec, Morelos, que comparte espacio con colonias populares y comunidades atrapadas entre lo rural y lo urbano. En 2009 gobernaba el municipio el ahora senador por Morena (ex PRD) Rabindranath Salazar. Para buscar otro cargo dejó como interino a un tal Alejandro Cruz que rápidamente armó la aprobación, en septiembre de aquel año, de un cambio de uso de suelo que autorizaba la construcción de 235 viviendas donde sólo podían construirse 40; era una ilegalidad absurda porque el conjunto carecía de agua potable o drenaje. Se beneficiaba una empresa, Tecnourbe, que contaba con la protección de Hugo Salgado, entonces secretario de Turismo del gobernador panista Marco Antonio Adame. La típica complicidad empresarios-funcionarios que devastan los entornos para su beneficio.

Se unieron vecinos de condominios, comunidades y colonias para protestar y pedir freno a lo ilegal. Nada pasó. La empresa derrochaba la arrogancia de quienes cuentan con el respaldo de gobernantes, leyes y jueces que respondían a la medida...

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