Sergio Elías Gutiérrez/ Justicia sin vendetas
| Autor | Sergio Elías Gutiérrez |
El Ministerio Público vivió siempre intramuros. Ahora los procuradores son actores relevantes en la vida pública. De ser un poco policías y un poco abogados de los poderes ejecutivos, federales y estatales, saltaron de los sótanos de la política mexicana a los titulares noticiosos.
El origen del Ministerio Público se pierde en las lejanas épocas de la monarquía absoluta en la Francia eterna y entrañable. Don Juventino V. Castro, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia, escribió en 1975 un libro dedicado a estudiar esta institución; de aquí tomamos algunas ideas para esta colaboración.
La institución nació para suprimir la venganza privada en la reparación de los agravios sufridos. La Ley del Talión fue sustituida por el ejercicio de la acción penal como una función del Estado.
En los albores de la institución, el juez que habría de imponer la pena era el mismo que acusaba al reo. Se juntaban en una mano al acusador y al juez.
Al respecto se señaló: "El que tiene un acusador por juez, necesita a Dios por abogado". Esa sentencia precisa la necesidad de separar las funciones entre quien acusa y quien impone la pena.
En el siglo XIV, en Francia, se instauraron los "Procureurs du Roi" para defender los intereses del príncipe y del Estado. Años después, la institución se dividió: una promovía la acción penal y otra la sostenía durante el juicio. Napoleón la colocó bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, y casi en idénticos términos se conserva hasta la fecha en nuestro sistema jurídico.
Desde el siglo XIX, el Ministerio Público, ha sido objeto de críticas en la doctrina extranjera. En nuestro país los cuestionamientos datan de épocas más recientes. Un autor italiano la llamó: "instrumento fatalísimo de despótico gobierno y el ente más monstruoso, contradictorio, inmoral e inconstitucional, que se mueve a voluntad del poder ejecutivo".
La Constitución atribuye en forma exclusiva al Ministerio Público la acción persecutoria y la representación de los intereses de los afectados por un hecho ilícito. Esta peculiaridad se presta a controversias, sobre todo en tiempos recientes en que la acción persecutoria se sigue contra miembros prominentes del sistema político, lo que no era común en los tiempos del partido único.
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