Sistema anticorrupción falta mucho
| Autor | Martha Martínez |
Al final de un año en el que la sociedad civil, los empresarios y los ciudadanos se movilizaron en contra de la corrupción, el nuevo andamiaje institucional aprobado por el Congreso para combatir estas prácticas está aún lejos de concluirse.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cuya implementación se estima que costará más de 9 mil millones de pesos, quedará formalmente establecido a nivel federal durante los primeros meses de 2017; no obstante, será hasta 2018 cuando adquiera carácter nacional, una vez que los estados finalicen la homologación de sus leyes locales.
Mientras estos procesos concluyen, especialistas y legisladores que impulsaron el SNA alertan sobre riesgos que pueden mermar su operación y legitimidad.
Señalan que los nombramientos de los funcionarios que darán vida al SNA -algunos de los cuales son responsabilidad de la Presidencia, el Senado o de los congresos locales-, la falta de garantías de que el sistema será replicado correctamente en los estados y la posibilidad de que las instancias que lo conforman se burocraticen son factores que pueden debilitar el nuevo esquema con el que se pretende combatir y prevenir los actos de corrupción de la clase política.
Otro riesgo, agregan, es la posibilidad de que la agenda anticorrupción que generó un movimiento social sin precedentes durante 2016 se debilite y, con ello, se reduzca la posibilidad de que la presión social acelere la implementación del sistema.
"Tenemos que administrar las expectativas, los ciudadanos están, con justa razón, muy enojados, muy escépticos, deseosos de que algo pase y, lamentablemente, el sistema anticorrupción va a tardar en arrancar. El gran riesgo es cómo mantener la confianza en un nuevo entramado institucional que apenas va a comenzar frente a una demanda muy entendible por parte de los ciudadanos", plantea el director general del CIDE, Sergio López Ayllón.
POLITIZACIÓN
A nivel federal, el nuevo sistema entrará en operación durante el primer trimestre de 2017, una vez que se designe al fiscal anticorrupción, se establezca la sección especializada en sanciones administrativas graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sean nombrados los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
En octubre pasado, el Senado publicó la convocatoria para elegir al fiscal anticorrupción, pero la elección fue aplazada hasta el próximo periodo de sesiones -que inicia en febrero-, luego de que la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, se presentó como candidata a ocupar la primera Fiscalía Anticorrupción.
El registro de Puente se dio luego de que se hizo público un acuerdo previo entre los coordinadores parlamentarios en el Senado para respaldar su candidatura.
Finalmente, el 5 de diciembre se retiró de la contienda, pero su solo registro impidió que la Cámara Alta llegara a un acuerdo en diciembre.
La candidatura de Puente no era la primera controvertida en torno al nuevo sistema anticorrupción. Dos semanas antes, el Senado ratificó los nombramientos de dos personajes cercanos al presidente Enrique Peña Nieto en dos puestos claves para el funcionamiento del SNA: Raúl Cervantes en la PGR (perfilándolo como nuevo Fiscal General de la República, de lo que después desistió ante las críticas), y Arely Gómez en la Secretaría de la Función Pública.
En opinión de Sergio López Ayllón, estos casos son un ejemplo de que el nuevo sistema anticorrupción corre el riesgo de politizarse, y de que los nombramientos en puerta, entre ellos los del fiscal anticorrupción, sean la vía para ello.
"El primer riesgo es...
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