SOBREAVISO / La cadena, no el eslabón
| Autor | René Delgado |
El caso Iguala y la casa Higa han vulnerado la posibilidad de la administración de constituirse en gobierno.
Ni duda cabe.
Ambos asuntos tuvieron registro justo cuando, tras concretar el marco jurídico de las reformas estructurales, la administración debía dar muestra de gobierno. Sin embargo, la desaparición de los jóvenes normalistas, la revelación de los términos de adquisición de aquel inmueble y, luego, los errores y titubeos cometidos al encarar ambos problemas pusieron contra la pared a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
No es aventurado afirmar que si en casos anteriores e incluso posteriores, donde se presumiera impunidad o corrupción, el gobierno y los partidos hubieran actuado con rigor y oportunidad aplicando sanciones donde fuere menester hacerlo, el caso Iguala y la casa Higa no habrían alcanzado la dimensión que tienen. No ha sido así y, en tal virtud, esos asuntos se engarzaron en la larga cadena de agravios infringidos al país.
Cerrar los ojos y buscar el remedio en el olvido ha sido la regla -propia de la complicidad- adoptada por el gobierno y los partidos frente a hechos que lastiman a la sociedad y vulneran, en ellos, su autoridad. Por eso, hoy, poco importa la dimensión o la talla del agravio en turno, pesa más un sentimiento: sobre el abuso, vendrá la burla, el engaño o, de plano, la mentira. Eso acrecienta el malestar, la percepción de que impunidad y pusilanimidad son cuento de nunca acabar.
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El caso Iguala fue y es la gota que evidenció la sangría a la que, durante años, se ha sometido al país con la justificación de combatir al crimen. La violencia y la crueldad criminal son condenables y, ante ellas, el Estado no debe cejar; pero la violencia, la crueldad y el abuso de las fuerzas oficiales ejercidas en nombre de ese combate son sencillamente inaceptables.
A saber cuántas desapariciones forzadas suma la lista negra de la conducta de las fuerzas oficiales, militares y policiales. Se desconoce a ciencia cierta ese número como también el de quienes yacen en las fosas clandestinas que plagan varias regiones del país, pero hay una certeza: la actuación del gobierno y los partidos en los casos conocidos ha sido indolente.
Ante muchas de las matanzas llevadas a cabo por fuerzas oficiales, el proceder del gobierno y los partidos se ha quedado, por decir lo menos, corto. Y quizá porque de la indiferencia y la impunidad se ha hecho costumbre, a raíz del combate al crimen, las muertes que exigían...
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