Sobreaviso / Desastres y responsabilidades

AutorRené Delgado

Al bajar el nivel de las aguas en Tabasco subirá el nivel de las acusaciones y, luego, volverán la indiferencia y la indolencia.

En lo posible se destinarán fondos para reconstruir lo mínimo necesario y, luego, sin saber cuándo, se repetirá ahí mismo o en otro lugar otro desastre. Lo mejor y lo peor de nosotros aflorará de nuevo y, en la repetición del círculo vicioso, se desgastará un poco más el entramado de las relaciones político-sociales entre gobernantes y gobernados, hasta que un día ese tejido se rompa y nos encontremos frente a una crisis mucho mayor.

Lo ocurrido en Tabasco debería obligar no sólo a la solidaridad, sino también -quizá, sobre todo- a la necesidad de replantearse en serio la relación entre gobernantes y gobernados y, desde luego, la rendición de cuentas con sus consecuentes premios y castigos.

Si se cobrara conciencia de los muertos y damnificados así como del monto de las pérdidas que arrojan los desastres naturales y la negligencia política muy probablemente se elevaría el nivel de exigencia hacia quienes ocupan un cargo de representación o ejercen un mandato popular y olvidan la fuente de su poder.

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Es cierto que resulta desesperante ver cómo, cuando todavía hay cuerpos enterrados en una mina, sepultados bajo una montaña o flotando en las aguas, surgen reclamos desaforados: linchar a éste o aquel otro funcionario, lanzar acusaciones desde la cómoda oposición sin tregua, revolver el pasado para encontrar un chivo expiatorio o, peor aún, pretender derivar ganancias del desastre.

Eso es desesperante, pero más lo es que cuando se advierten oportunamente el abuso, la incapacidad o la perversión de un mandatario, funcionario o representante popular, nada ocurre con ellos. La complicidad de la clase política casi siempre los pone a salvo o los retira del cargo sin ninguna consecuencia.

Ésa es frecuentemente la única certidumbre de la ciudadanía frente a la clase gobernante: la impunidad de sus abusos. Sus felonías quedarán sin castigo y, entonces, a la hora de las emergencias y los desastres, la ciudadanía quiere cobrar la factura de su desesperación al conjunto de la clase gobernante porque, por aquella complicidad o por la red de intereses que la une, no ve diferencias en ella: todos los políticos son iguales, aunque no lo sean.

A su vez, la clase política se muestra dispuesta a pagar de manera conjunta esa factura porque, a fin de cuentas, la endosan a las instituciones y no a sí mismos. Y, así, de a poco se va...

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