Tolvanera / Un alcalde en Los Pinos
| Autor | Roberto Zamarripa |
El presidente de la República y su secretario de Gobernación han anunciado que todos aquellos políticos que quieran registrarse en el imaginario pizarrón de aspirantes a candidaturas presidenciales, tienen carta abierta para hacerlo. En una mal entendida función, el padrinazgo gubernamental no hace más que evidenciar su desentendimiento de la conducción de las reformas necesarias y lo que supondría una tolerante y democrática toma de posición frente al proceso sucesorio, se convierte en un reconocimiento de la debilidad política del Ejecutivo.
El gobierno federal ha renunciado a impulsar grandes reformas y ha depositado en poderes paralelos, formales e informales, la suerte de las coincidencias y los acuerdos políticos. Esa abdicación inaugura un proceso inédito para el país que puede entenderse como la municipalización de la Presidencia de la República o bien el ungimiento del edil de Los Pinos. Se gobierna -o se intenta gobernar- por tres años. Seis son demasiados. Al no salir las cosas como estaban planeadas, es preferible endosar la carga a fuerzas ajenas e incluso contrarias. A ver si pueden.
El problema es que las élites que podrían recoger la estafeta abandonada no parecen encontrarse preparadas para el desafío.
La elección de julio deja saldos enormemente pesados. El descrédito del Congreso no será reparado con una iniciativa de ley aprobada en fast track, sea cual fuere el tema legislado. Pero más allá de eso, el reinicio de cabildeos e intentos de reconstrucción de la confianza política se logran con el sacrificio definitivo de los grandes proyectos del gobierno del cambio.
Desde el gobierno federal se alientan decisiones que presuntamente allanan caminos de diálogo pero que en realidad envenenan la futura negociación política. Valga un ejemplo: tras el proceso electoral, se intensificaron las negociaciones de contrato colectivo del sindicato de Pemex. Hace un año, esa negociación estuvo a punto de estallar en una huelga que hubiera provocado serios problemas de gobernabilidad interna y de credibilidad internacional al gobierno federal. Entonces, los líderes petroleros amagaron con todo y advirtieron que si no les era retiradas sus órdenes de aprehensión irían a huelga. La extrapolitización del conflicto laboral pudo ser atenuada de último momento pero con daños marcados.
La lección aprendida, un año después, es que las cosas se pueden arreglar: al sindicato se le mantienen sus prebendas en la empresa petrolera a cambio de una...
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