TOLVANERA / Canallas
| Autor | Roberto Zamarripa |
El coordinador de los diputados federales panistas, Luis Alberto Villarreal, está enojado.
Le ha molestado la difusión de revelaciones sobre cómo él y su hermano exigen a alcaldes un diezmo sobre el dinero público que reciben y de cómo incluso imponen a empresarios para que realicen la obra programada por los ediles.
Los Villarreal no parecen preocupados por realizar una investigación de este ruin modus operandi. Lo que se ha destapado es un sistema de financiamiento ilegal en el cual dirigentes partidistas encuentran la manera para perpetuarse en cargos.
El asesinato de Ygnacio López, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, exhibió justamente cómo incide la delincuencia organizada en la esfera de la política. El centro de las denuncias del edil michoacano fueron las extorsiones a las que era sujeto, ya fuera por miembros del crimen organizado o por funcionarios no identificados -"los de corbata", les llamaba el alcalde- que exigían dinero a cambio del ejercicio de recursos dados por la Secretaría de Hacienda.
El modus operandi es similar.
Hay quienes dicen que esta operación para saquear recursos públicos, esquilmar a alcaldes y hacer negocio ilegal con empresas constructoras supone algo más que la mera amenaza.
Hay varios eslabones en la cadena que incluye a "técnicos" especializados en la negociación con funcionarios federales para la agilización de los recursos. Incluso trabajan con formatos o solicitudes oficiales que cargan en sus portafolios los extorsionadores de cuello blanco y que presentan a los alcaldes para gestionar el presupuesto para sus proyectos de obra pública.
Parte fundamental para cerrar el círculo son las constructoras vinculadas a los gestores de fondos públicos.
Desde luego que la cadena puede simplificarse si quienes ejercen los recursos públicos son a la vez dueños de las constructoras.
En Huauchinango, Puebla, por ejemplo, un par de hermanos son conocidos por una extraña cualidad: en una década han alternado alcaldía y diputaciones pasando de un partido a otro. Su vida es boyante. Sus negocios también.
Los hermanos Carlos y Omar Martínez Amador han controlado el ayuntamiento de Huauchinango. Uno a otro se pasan la estafeta... y las obras.
Carlos gobernó Huauchinango, municipio cabecera de la empobrecida sierra norte poblana, entre 2005 y 2008. Fue diputado local por el PRI en 2008-2009 por la misma región. En 2012 perdió la puja interna para la candidatura a diputado federal por el PRI, su partido originario...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba