Tolvanera / Solalinde
| Autor | Roberto Zamarripa |
Si la enjundia puesta por las autoridades para condenar los abusos cometidos en Estados Unidos contra migrantes mexicanos fuera la misma para frenar las atrocidades cometidas contra los centroamericanos que cruzan por el Istmo de Tehuantepec, México tendría una autoridad inapelable en materia migratoria.
Pero no. Candil de la calle, terror en la casa sigue siendo la marca que debilita la credibilidad de la política migratoria del gobierno mexicano.
La migración centroamericana no cesa. En su ruta desde Chiapas, muchos jóvenes centroamericanos toman rumbo por el Istmo de Tehuantepec pero esa zona, como tantas del país, es tierra de impunidad. Es una estratégica puerta de entrada que las ma- fias y grupos controlan para asegurar todo ti- po de tráfico ilegal ya sea de droga, de madera, de animales -sobre todo especies en extinción-, y, desde luego, de personas.
El gobierno federal ha desatado operativos de escarmiento en distintas entidades que han sido lastimadas hondamente por las acciones criminales de las mafias del crimen organizado. Las operaciones federales, principalmente las que lleva a cabo el Ejército, topan con extendidas manchas de acción delictiva cuyos centros de operación y mando no están en circuitos externos a las instituciones. Por el contrario, las acciones nacen y se conducen desde los cuarteles policiacos y estatales.
Sucede en el norte como en el sur, hacia donde no ha volteado la autoridad federal.
El sacerdote Alejandro Solalinde Gue- rra, representante de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec, no ha cesado en sus denuncias públicas sobre la sucesión de actos delictivos cometidos por las mafias criminales y efectivos de la policía ministerial de Oaxaca.
Solalinde predica con el ejemplo. Ha dedicado muchos años de su actividad al auxilio de migrantes que son detenidos ilegalmente y vejados por esos cuerpos criminales con disfraz de policías.
Justo el 10 de enero del 2007 que agoniza, Solalinde fue detenido junto con varios migrantes por el simple hecho de reclamar contra las redadas cometidas por policías municipales.
La violenta detención del sacerdote fue denunciada ante distintas instancias, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El día de la Virgen de Guadalupe (11 meses después de la agresión) dicho organismo emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, donde exigía procesar a los culpables de la violencia ejercida contra el prelado y los...
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