Toman ventaja editores piratas

AutorSilvia Isabel Gámez

La piratería editorial no tiene rostro. De este negocio ilegal se desconoce desde quiénes lo dirigen hasta las rutas que operan. Y sus cifras van al alza.

En 2007, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro) estimaba pérdidas por 6 mil millones de pesos al año; ahora su presidente, Clemente Merodio, calcula que esta cifra podría haberse duplicado, hasta sumar 12 mil millones de pesos anuales.

A simple vista, es casi imposible distinguir un libro pirata. La tecnología ha permitido que algunas ediciones sean incluso de mejor calidad que el original. Tampoco el precio es un factor: en pequeños establecimientos, el costo de un ejemplar apócrifo disminuye de 5 a 6 pesos, y en puestos ambulantes, entre 20 y 50 pesos.

En un operativo, el perito de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual (UEIDDAPI) de la PGR tiene apenas 15 segundos para establecer si un libro es pirata, cuenta Valeria Sánchez, directora del CeMPro. Invertir más tiempo podría terminar en enfrentamientos con los vendedores ambulantes.

La Caniem acordó crear en 2011 un Fondo Antipiratería, que desde junio de 2012 es gestionado por el CeMPro. Con estos recursos contrata a un equipo de investigadores privados que sigue el rastro de los libros piratas y proporciona camionetas para apoyar los aseguramientos de la PGR.

Los operativos se realizan a partir de denuncias, y los cateos mediante orden judicial. "Pocas veces son (resultado de) investigaciones propias de la PGR", asegura una fuente del CeMPro.

En 2012, con el cambio de sexenio, cayeron los operativos, lo que generó un "estado de confort", dice Sánchez, que favoreció el crecimiento de la piratería editorial.

Este año, de enero a junio, se han asegurado 37.5 toneladas de libros apócrifos en nueve operativos, más del doble del material incautado en 2013, que sumó en total 18 toneladas. A pesar del incremento, la cifra dista mucho de alcanzar las 294.5 toneladas que se aseguraron en 2007. Al término del proceso judicial, los libros son destruidos.

El presidente del CeMPro cree que quienes dirigen estas empresas ilegales no son "grandes capos" ni sofisticadas organizaciones criminales. Merodio piensa que podrían limitarse a editar ciertos libros con potencial de venta como best sellers y títulos de medicina, leyes y educación básica.

Se sabe, dicen en el CeMPro, que estos delincuentes se...

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