Transición, blindaje e impunidad

AutorOctavio Ortega

El 1 de febrero de 2017, Antonio Gali Fayad sucederá a Rafael Moreno Valle en el gobierno de Puebla. Habrán pasado 241 días desde la elección del 5 de junio, en la que resultó vencedor, un periodo equivalente a la tercera parte de los 730 días que permanecerá en el poder.

Gali Fayad sólo estará dos años en el cargo, debido a que en la entidad se modificó la duración del periodo del siguiente gobierno para hacer coincidir el próximo relevo con las elecciones federales de 2018, pero su espera para ser gobernador será tan larga como lo han sido las de anteriores mandatarios poblanos.

Nada impide que en ese periodo, el gobernador saliente haga modificaciones que tengan repercusiones transexenales para protegerse. De hecho, en enero de este año, Moreno Valle designó a un nuevo fiscal de Justicia para un periodo de siete años; es decir, el nuevo fiscal tendrá injerencia en las próximas dos administraciones.

Gali es panista y ex colaborador de Moreno Valle, por lo que la transición entre ambos es, en los hechos, la fase previa a la extensión de la administración de Moreno Valle.

Puebla es el estado que tiene el periodo de transición más largo entre los 12 que eligieron un nuevo gobernador, y uno de los pocos en los que no habrá alternancia.

Pero en entidades como Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Aguascalientes -donde el PRI tendrá que entregar el gobierno a la oposición- las transiciones se están convirtiendo en un problema para los próximos gobernadores.

Los mandatarios salientes han promovido reformas con el objetivo de alterar la operación de quienes los sucederán y protegerse de posibles investigaciones y acusaciones en su contra.

A pesar de que son cada vez más comunes las alternancias a nivel estatal (desde que en 1989 Ernesto Ruffo se convirtió en el primer gobernador de oposición, ha habido 44 cambios de partido en las entidades), las transiciones de gobierno son referidas en diversas leyes y reglamentos como meros actos administrativos de entrega-recepción, por lo que nada limita la actuación de los servidores públicos salientes.

Las entregas de gobierno fueron olvidadas por los políticos, afirma el investigador Daniel Barceló, especialista en transiciones y constitucionalismo estatal.

"Lo que hicimos fue establecer las reglas de acceso al poder, es decir, normas e instituciones electorales. Lo que no hicimos, tras más de 27 años de alternancias, fue hacer las reglas de ejercicio del poder para que éste fuera transparente, de acuerdo a derecho, se rindieran cuentas y se asumieran responsabilidades políticas, penales y administrativas", señala.

Barceló considera que la falta de regulación de las transiciones no causaba problema en el modelo de partido hegemónico, pero en la actualidad es necesario reglamentarlas, porque la alternancia entre partidos es una posibilidad real.

El investigador afirma que el fondo del asunto es que las leyes locales no están sirviendo para controlar a los ejecutivos estatales como tampoco lo hacen los congresos de los estados.

"Las constituciones en los estados no están sirviendo para la función que teóricamente tienen, que es servir de control del poder. Mientras la llave de las reformas no la tenga el pueblo, sino el grupo en el poder, entonces, la Constitución no va a servir como control del poder y pasará lo que sucede en Veracruz o lo que sucede en Venezuela", ejemplifica.

Hasta el momento, la única limitante que tienen los gobernadores, aunque no se acepta abiertamente, es la Federación.

En su opinión, es necesario regular la transición como parte de un proceso en el que el poder se equilibre desde los congresos locales.

Argumenta que no se trata de centralizar el poder, nuevamente, como en la época de dominio del PRI, y quitar atribuciones a los gobiernos estatales, sino de equilibrar el poder a nivel local. Tal como ha sucedido a nivel federal, donde el Congreso pone ciertos límites al Presidente.

"Antes, los gobernadores no desbordaban sus límites porque había un poder metaconstitucional del Presidente para poder destituirlos y meterlos a la cárcel. Cuando ese poder metaconstitucional desaparece, lo lógico, lo que debimos haber hecho y no hicimos, era reconstruir poderes fuertes en los estados a través de los congresos y constituciones locales potentes", expresa.

La existencia de contrapesos en los congresos estatales debería ser el objetivo. Si el endeudamiento de Veracruz se hubiera votado por referéndum, ejemplifica Barceló, los veracruzanos no habrían permitido a Duarte quebrar las finanzas del estado.

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