Violencia, denuncias... y elecciones - 7 de Julio de 2013 - Reforma - México DF - Noticias - VLEX 447293086

Violencia, denuncias... y elecciones

Autor:Octavio Ortega
 
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El martes 2 de julio, cinco días antes de las elecciones locales en 14 estados, el Consejo General del IFE guardó un minuto de silencio por las víctimas de hechos violentos que se presentaron durante las campañas.

Un día después, con la voz entrecortada, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, acusó en una entrevista de radio con Carmen Aristegui insensibilidad por parte de los gobernadores del PRI.

"Hay un hecho de violencia, y luego tratan de ridiculizarlo... Es una estupidez del tamaño de los gobernadores insensibles del PRI que tratan de utilizar el poder como si fueran los dueños del estado. Estos déspotas, dictadores, que creen que cuando les dieron una constancia de mayoría, les dieron un título de propiedad, eso es lo que estamos viviendo... ¡Está de la chingada!", denunció.

Madero se mostró indignado por el secuestro del candidato del PAN a regidor de Boca del Río, Veracruz, hecho registrado el mismo martes 2, y negado por el gobierno estatal.

El secuestro formó parte de una escalada de violencia registrada en la última semana de campañas: dos asesinatos en julio, el día 4, Roberto Rufino Feliciano, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Oaxaca, y el 1o. José Reyes Zamudio, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Dimas, Durango, además la balacera contra la casa del candidato del PAN a la alcaldía de Tlalixcoyan, Veracruz, Carlos Triana.

El 29 de junio, en Oaxaca, fue emboscada la camioneta en la que viajaba Rosalía Palma, candidata a diputada por la alianza PRI-PVEM; por el ataque murieron su esposo y su sobrina. El mismo día asesinaron en Sinaloa a Jesús Antonio Loaiza, sobrino del coordinador de la campaña del PRI en San Ignacio.

Una semana antes, el 24, habían asesinado a Eleazar Armenta, coordinador de campaña de Esteban López, aspirante a la alcaldía de Sinaloa por la alianza PAN-PRD-PT, y el 27 balearon a Quintín Mendoza, candidato del PRI a la presidencia municipal de Tantoyuca, Veracruz, dejándolo herido.

Seis muertos en dos semanas, que se sumaron a cuatro caídos en la semana previa: Nicolás Estrada Merino, presidente de la mesa directiva del Consejo Estatal del PRD en Oaxaca; José Gaona Medina, militante priista muerto durante un enfrentamiento con panistas en Coxquihui, Veracruz; Jaime Orozco, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, e Isaac López Rojas, candidato suplente del Partido Cardenista a la alcaldía de Martínez de la Torre, Veracruz.

La violencia enrareció, aún más, el ambiente de desconfianza entre los actores políticos de cara al 7 de julio.

A pesar de estar sentados en el consejo rector del Pacto por México, PRI, PRD y PAN llegan a la elección tras un intercambio constante de descalificaciones; denuncias formales y mediáticas; guerra sucia y campañas negras desplegadas en internet. Un ambiente que no cambió ni con la firma de un adendum al Pacto, en el que prometían preservar condiciones de equidad y legalidad.

Las denuncias

El 17 de abril, el PAN dio a conocer la existencia de una supuesta red para condicionar el voto en Veracruz a favor del PRI. Denunció que funcionarios de la administración del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y representantes de la Secretaría de Desarrollo Social sostuvieron reuniones en las que planearon utilizar las estructuras de gobierno para conseguir votos a favor del PRI.

La dirigencia panista presentó grabaciones en las que aparecen 59 personas involucradas en operativos para coaccionar el voto.

Tras esa denuncia pasaron 20 días de negociaciones entre el gobierno federal y los partidos ante la amenaza del PAN y PRD de romper el Pacto por México. El 7 de mayo, el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación y los dirigentes partidistas del PRI, PAN y PRD firmaron un adendum al Pacto. El documento contiene 11 compromisos para "terminar con el uso electoral de programas sociales en todos los ámbitos y órdenes de gobierno".

A pesar del compromiso firmado, las acusaciones por desvío de recursos permanecieron. Gustavo Madero presentó en cuatro conferencias de prensa un "Semáforo de Contingencia Democrática". En su primera advertencia denunció irregularidades en Baja California, Durango, Tabasco, Quintana Roo y Coahuila, similares a las ya denunciadas en Veracruz.

En las tres siguientes conferencias, Madero agregó al semáforo los estados de Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca y Sinaloa. El 1o. de julio, Madero informó que su partido había presentado 67 denuncias por irregularidades, y que en ningún caso se tuvo respuesta de las autoridades.

Los priistas también presentaron acusaciones, las más severas en contra de los gobernadores panistas de Baja California y Puebla, y del alcalde perredista de Benito Juárez (Cancún).

Destacó otra del 25 de junio: ese día el procurador de Justicia de Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez, reveló que se investigaba el financiamiento de La Familia Michoacana en las campañas electorales en la entidad. Las pesquisas apuntaron al candidato de la alianza PAN-PRD, Juan Antonio Martín del Campo, aspirante a gobernar la alcaldía de la ciudad de Aguascalientes, pero un cateo a un domicilio particular expuso que en el sitio en donde presuntamente se apoyaba al aspirante aliancista no se encontró propaganda del PAN y el PRD, sino del PRI, la acusación priista incrementó los reclamos opositores.

Aliados formalmente en cinco de las 14 entidades con elecciones, y de facto en aquellos estados donde las autoridades electorales locales descarrilaron sus coaliciones, PAN y PRD se unificaron en su estrategia de denuncia y, en numerosas declaraciones, alertaron sobre un intento de regresión autoritaria.

Jesús Ortega, representante del PRD en el consejo rector, asegura que no se pudo detener la manipulación y desvío de recursos en los estados priistas, pues los gobernadores tienen interés en reventar el Pacto por México, y por ello continúan sin respetar lo firmado por el Presidente.

"Parece que algunos gobernadores priistas pretenden secuestrar y con sus actitudes ajusticiar al Pacto, porque ellos saben perfectamente que impactan en el contenido del diálogo que se ha establecido. Como saben que el acuerdo de la reforma política impactará en su actitud de señor feudal, tratan de matar dos pájaros de un tiro: hacer tropelías en su estado para ganar elecciones e imponer a los candidatos de su partido, y de pasada lesionar al...

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