Raúl RamÃrez Medrano / La agenda de la Corte
| Autor | Raúl RamÃrez Medrano |
En lo que resta del año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordará asuntos de enorme trascendencia constitucional, tales como: los juicios de amparo promovidos contra la nueva Ley del ISSSTE, contra el capítulo agrícola del TLC y contra las reformas constitucionales en materia electoral; las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas legislativas que despenalizan la interrupción del embarazo en el Distrito Federal y las que establecen el incremento gradual del precio de la gasolina y el diesel ("gasolinazo"); las controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo federal contra la Auditoría Superior de la Federación por considerar que ha invadido su competencia con la práctica de algunas auditorías, y los informes derivados de las investigaciones de los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca.
Tiene tanta relevancia la agenda, que la Corte decidió convocar a la sociedad a pronunciarse sobre temas de interés nacional en audiencias presididas por el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, como las que ya iniciaron en torno al aborto en el Distrito Federal.
Los conflictos políticos actuales se materializan, tal vez como nunca, en diversos procesos constitucionales que deberá dirimir la Corte sin descuidar los demás asuntos importantes -aunque menos atractivos para efectos mediáticos- que también deberá abordar con igual preparación y estudio por parte de los ministros y de los funcionarios judiciales que los asisten. La problemática para atender esta diversidad de asuntos se complica tomando en consideración que la sociedad es cada vez más participativa y exigente, de tal manera que el trabajo del Tribunal Constitucional estará sujeto -como debe ser- al escrutinio y crítica de la opinión pública.
La Corte inició este año con 569 expedientes, correspondiendo 236 al pleno y el resto a las salas que lo integran. El pleno conocerá los asuntos más importantes mediante las siguientes vías procesales: el juicio de amparo para juzgar si un acto de autoridad viola garantías individuales, a fin de proteger al afectado de daños irreparables; las controversias constitucionales entre poderes u órganos públicos para dirimir conflictos de competencia entre ellos; las acciones de inconstitucionalidad con el propósito de determinar si una norma de carácter general es contraria a la Constitución, y las investigaciones sobre violaciones graves a las garantías individuales. De ese tamaño es la agenda de la Corte para lo que resta...
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