Empresa/ ¿He dicho?
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
... o si lo prefiere alcanzar el 90 por ciento de requerimientos en las ventanillas al público.
La fecha mágica para alcanzar la antesala del paraíso, a cuyo desolador páramo actual debió instrumentar la semana pasada una insólita recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el próximo mes de diciembre.
Lo interesante del caso, es que al acicate de la tajante apuesta en el aire, el organismo encabezado por Santiago Levy lanzó hace unos días la convocatoria para lo que sería la madre de todas las licitaciones en 60 años de historia... que en el papel resolvería de golpe el problema.
La paradoja del caso, es que lejos de brillarles los ojos a los propietarios de los grandes laboratorios químico-farmacéuticos de capital nacional y extranjero ante la posibilidad del contrato macro del sexenio, casi se les inundan de lágrimas.
-No se puede, fue la inesperada respuesta.
Y la catarata de razones se desbordó en desaliento:
-No es posible pronosticar las necesidades reales de la demanda variante de la población, debido a las transiciones demográficas, epidemiológicas, sociales, económicas y políticas.
-El marco jurídico de las licitaciones públicas a que convoca periódicamente el Instituto tiene grandes problemas por su rigidez, tiempos largos y montos específicos que maneja.
-Las cantidades tan grandes solicitadas en la licitación ocasionan problemas de almacenamiento y costo.
-La logística actual de distribución implica traslados de mercancía a los subalmacenes más cercanos a hospitales y clínicas.
-La posibilidad de que los productos caduquen estando aún en el almacén es más común.
-Se abastece a los hospitales y clínicas la mayor de las veces una vez por semana.
-Los diferentes niveles de distribución interna plantean un alto costo.
-Este se incrementa a su vez por los diferentes niveles de almacenamiento.
-Existen problemas de corrupción al interior del organismo.
-Se prescriben medicamentos fuera del cuadro básico.
Ahora que del otro lado de la moneda, el Seguro Social acusa a sus proveedores de no atender las exigencias de cobertura planteadas en los contratos; de baja productividad en la fijación de sus inventarios; de costos elevados de producción, y de calidad insuficiente de los fármacos.
Lo cierto es que la propuesta integral hablaba de dos vertientes adicionales para racionalizar en un caso e inhibir en otro el consumo: reducir la presentación de los medicamentos a cantidades menores, en ocasiones la mitad de las...
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