¿Revolución o involución?

AutorKarla Garduño Morán

TLAPA, GUERRERO.- Es el primer viernes de noviembre. En los camposantos de todas las comunidades aledañas a Tlapa las flores de cempasúchil todavía no se secan, pero el tema ya no son los muertos, sino la supervivencia.

Apenas pasan las fiestas, en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la cabecera municipal comienza el trabajo intenso que implica organizar la entrega de apoyos económicos y en especie, otorgar algunos servicios y registrar la salida de entre 500 y mil jornaleros que cada día emprenden su viaje a los campos de Sinaloa, Sonora, Baja California y otros estados de la República que, a diferencia de Guerrero, sí cuentan con sistemas de irrigación para poder sembrar dos veces al año.

Cerca de 40 mil jornaleros salen anualmente de Guerrero, de los cuales más de 14 mil pertenecen a la región de la montaña, conformada por 19 municipios nahuas, mixtecos y tlapanecos. Debido a sus altos niveles de marginación, la entidad es una de las que expulsan un mayor número de jornaleros indígenas. Un estudio sobre la geografía de la migración de Lourdes Sánchez Muñohierro -ex coordinadora del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas-, señala que el 49 por ciento de los jornaleros en todo el país proviene de 342 municipios de alta y muy alta marginación de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua y Durango.

Alrededor de las mesas, donde hacen su registro y reclaman los apoyos solicitados previamente a la Sedesol; en el comedor, donde reciben un plato de comida que Aureliana y Justina -dos jóvenes nahuas- cocinan con los víveres proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; afuera del consultorio que sólo abre en las mañanas por falta de personal médico, o haciendo fila en las regaderas, cientos de indígenas hacen la antesala para un viaje de 40 horas que los llevará al lugar que será su hogar durante seis meses.

Un gran porcentaje cuenta con alguna porción de tierra comunal que les fue devuelta a sus pueblos tras la lucha revolucionaria. Sin embargo, la tierra no ha sido suficiente y después de casi 100 años las políticas agrarias los han dejado rezagados en comparación con los productores de los estados del norte, donde el campo se ha industrializado, se cuenta con los mayores subsidios y poseen el 66 por ciento de las hectáreas con irrigación del país.

El registro puntual de los jornaleros parece una tarea imposible. La Sedesol calcula que va de 3 a 3.5 millones, pero otros estudios van más lejos. A partir del tamaño de la unidad de producción y de la cantidad de Población Económicamente Activa rural, la evaluación de la Universidad de Chapingo al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas estima que el número de jornaleros en el país es de 4.7 millones.

El éxodo se incrementa porque viajan con toda la familia, aunque no todos vayan a trabajar. Además de los trabajadores, mujeres que cargan bebés en su espalda, hombres mayores que buscan la sombra de algún árbol y muchos niños que corren de un lado a otro entre los costales con ropa, cobijas, utensilios y algunos víveres para el camino, aguardan la llegada del camión que la empresa donde trabajarán envía para llevarlos año con año. Jornaleros provenientes de comunidades aledañas sólo hacen escala en Tlapa.

En medio de la incertidumbre que implica partir a un trabajo sin contrato, la única certeza que tienen los jornaleros es en qué empresa van a trabajar. La gestión se realiza previamente a través de los llamados contratistas, habitantes de las comunidades que tienen el contacto directo con los grandes productores y consiguen para ellos la mano de obra necesaria con sus vecinos o en municipios aledaños. Ellos mismos coordinan la salida de los camiones y negocian las condiciones de trabajo. Algo así como un representante sindical.

La cosecha insuficiente

Los campesinos de Guerrero que salen cada año a otros estados no son gente sin tierra. Tras la Revolución y con la Reforma Agraria ordenada en la Constitución de 1917, las comunidades indígenas recuperaron sus tierras. Sin embargo, la propiedad sigue siendo comunal, se reparte cada vez entre más población y no es suficiente para sobrevivir.

Al menos 2.8 millones de productores agrícolas poseen lo que los especialistas llaman "minifundio"; es decir, un terreno de menos de 5 hectáreas que no es suficiente para cubrir las necesidades de sus dueños. De éstos y según la Encuesta Nacional de Empleo, cerca de 1.7 millones se emplean como jornaleros. El resto consigue otro tipo de empleos ajenos al campo o sobrevive de las remesas de algún pariente en Estados Unidos.

Los hermanos Agustina y Antonio Trinidad, junto con sus esposos y sus hijos de 18 meses y tres años, respectivamente, pertenecen a ese grupo de campesinos subempleados y este año irán por primera vez a los campos de Sinaloa.

Las dos jóvenes parejas llegan nerviosas a la USI desde Chiepetepec -comunidad nahua a 20 minutos de Tlapa- cuando el registro casi ha terminado y reina cierta tranquilidad. En cuestión de minutos, su grupo de casi 80 personas vuelve a...

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