Ximena Peredo / Vamos tarde a la boda

AutorXimena Peredo

Ante el reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo tuve la extraña sensación de no alegrarme del todo. Lo mismo me ocurrió con la tesis de jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional vincular el matrimonio con la preferencia sexual.

Creo que en la espera de este momento envejecí un poco, lo suficiente como para poner en duda qué queda de un derecho cuando se tarda tanto en llegar.

Los movimientos sociales son un proceso político sin el cual la reivindicación de ciertos derechos se vuelve imposible. En este sentido, los activistas de la diversidad sexual nos han enseñado la importancia de autorizarse a sí mismos para movilizarse sin pudor después.

Desde por lo menos la última década del siglo XX el derecho al matrimonio fue una de las exigencias de este movimiento político. Por resabios religiosos, el contrato matrimonial se definió como la unión de dos personas con diferente sexo: hombre y mujer, negando la protección del Estado al resto de relaciones de pareja. Se trató de un acto discriminatorio, ideológico y religioso, del poder establecido cristalizado en los códigos civiles "progresistas" del siglo XIX.

Así, los Estados fueron diseñando a "los ciudadanos" a partir de la exclusión de otros. Eran tiempos en los que las leyes se creían verdades científicas y escritas por el dedo de Dios, lo que legitimó el hostigamiento sistémico a toda expresión de diversidad sexual.

Pero la exigencia del matrimonio legal no sólo tiene que ver con la conquista de una figura simbólica, de pareja respetada, de amor reconocido, sino con situaciones prácticas de acceso a herencias, trámites migratorios o créditos. Ambas esferas, la simbólica y la práctica, son igualmente importantes y necesarias, pero tienen un costo y un riesgo que casi nunca se calcula.

Éste es el meollo de mi argumento: mientras los matrimonios bajan, los divorcios se están disparando. En México, en la última década, según datos del INEGI, el incremento en divorcios fue de 74.3 por ciento.

Este contrato muestra un desgaste histórico grave que precisa urgentemente de trabajo legislativo...

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